La causa Vialidad entró en una fase clave con la puesta en marcha del decomiso de bienes ordenado por el Tribunal Oral Federal N.º 2, tras quedar firmes las condenas por irregularidades en la adjudicación de obra pública. El objetivo es recuperar una suma millonaria que la Justicia determinó como perjuicio al Estado, en uno de los procesos más trascendentes del país en materia de corrupción.
El primer relevamiento incluye cerca de veinte inmuebles ubicados principalmente en El Calafate y Río Gallegos, ciudades donde se consolidó el patrimonio de la familia Kirchner durante los años de mayor crecimiento político. Entre los bienes figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, considerado emblemático dentro del entramado investigado.
La medida también alcanza activos transferidos a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez, señalado como pieza central en el esquema de adjudicaciones.
Según el fallo, las cesiones de bienes realizadas en años posteriores no modifican el origen de los fondos, por lo que pueden ser alcanzadas por el decomiso. En este sentido, la Justicia apunta a garantizar que la sanción tenga impacto económico concreto y no quede limitada al plano penal.
El proceso podría ampliarse a empresas relacionadas con Báez, como Austral Construcciones y otras firmas del sector, en caso de que los activos iniciales no cubran el monto fijado. La administración de los bienes quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá definir su destino final.
Por su alcance y magnitud, la medida marca un precedente en el sistema judicial argentino, al avanzar sobre el patrimonio de los condenados como mecanismo de reparación al Estado.
