La batalla por la reforma laboral sumó un capítulo de máxima tensión. Luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejara sin efecto la cautelar que frenaba los cambios, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una fuerte impugnación contra los magistrados intervinientes, acusándolos de parcialidad y de favorecer los intereses del Poder Ejecutivo Nacional.
Duras acusaciones contra los camaristas
A través de su abogado, Pablo Topet, la central obrera exigió el apartamiento de los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, basándose en argumentos de gravedad institucional, primero la falta de imparcialidad para Pesino, La CGT subrayó que, apenas 24 horas después de fallar a favor del Estado, el Gobierno inició el trámite para extender el mandato de Pesino por 5 años más (dado que está próximo a cumplir 75 años). Para el gremio, esto constituye un “beneficio de importancia” recibido por el magistrado y para González, prejuzgamiento, la magistrada fue acusada de adelantar opinión al afirmar que los trabajadores no representan “sectores socialmente vulnerables” y negar la naturaleza alimentaria de sus derechos.
Además, los gremios denunciaron una “insólita premura” en el fallo y cuestionaron la competencia de esta Sala, pidiendo la nulidad de todo lo actuado y la intervención de la Sala I.
¿Qué leyes vuelven a estar vigentes hoy?
Mientras la cuestión de fondo escala —posiblemente hasta la Corte Suprema—, el efecto suspensivo otorgado por la Cámara implica que la ley de modernización laboral vuelve a aplicarse plenamente. Los puntos más polémicos que ya rigen son:
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Indemnizaciones: Se habilita el cálculo sin incluir aguinaldos y el pago en cuotas.
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Derecho a huelga: Se imponen nuevas limitaciones por sectores de actividad.
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Jornada y Vacaciones: Creación de bancos de horas y fragmentación del período vacacional.
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Teletrabajo: Queda derogada la ley anterior que regulaba la modalidad.
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Justicia Laboral: Se reactiva el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Derechos en pausa
La CGT advirtió que mantener la vigencia de estas normas durante el litigio permite que se “cercenen derechos constitucionales” fundamentales. Según la central, la aplicación de la reforma antes de una sentencia definitiva genera una situación de inseguridad jurídica para millones de trabajadores en todo el país.
