“Cara la jodita”: en Santa Fe cobran a los padres por amenazas que dejaron sus hijos en las escuelas
Luego de que se registraran 58 amenazas en instituciones de la provincia, el Gobierno comenzó un proceso de resarcimiento civil. Un padre fue notificado de que deberá pagar $6.024.944, en concepto de los gastos de despliegues policiales. …
Tras la tragedia en San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero el pasado 30 de marzo, la provincia de Santa Fe registró una ola de 58 amenazas en instituciones educativas que también tuvieron sus réplicas en instituciones de Santiago del Estero. Ante esta situación, el Gobierno de dicha provincia inició un proceso de resarcimiento civil para que los padres o tutores de los menores identificados como autores de las intimidaciones paguen los gastos de los despliegues policiales, con una primera notificación que asciende a $6.024.944.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, encabezado por Pablo Cococcioni, notificó este martes a los padres de un menor identificado como el autor de una de las amenazas. El monto exigido contempla el gasto de recursos públicos como combustible, vehículos, horas de servicio del personal uniformado y la movilización de brigadas especializadas, como las de explosivos.
Al recibir el detalle del costo, el padre del joven reaccionó con ironía: “Ah, cara la jodita”.
El funcionario precisó que el reclamo no constituye una multa ni una sanción penal, sino una “indemnización civil por el resarcimiento del daño” basada en el Código Civil y Comercial. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días para abonar voluntariamente antes de que el caso sea derivado a la Fiscalía de Estado, lo que podría derivar en embargos de sueldos o inhibición de bienes.
En el aviso, se señalan también los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos o menores de edad a cargo. De acuerdo a la grabación que difundieron las fuerzas de seguridad, el plazo para abonar es de cinco días. Una vez que pasa este tiempo, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
La problemática no es exclusiva de Santa Fe. Distintas provincias del país, incluida Santiago del Estero, registraron amenazas de “tiroteos” que fueron denunciadas por las autoridades institucionales.
