Añatuya: detectan a 74 trabajadores sin registrar, algunos de ellos menores, en condiciones de presunta explotación laboral
Un operativo conjunto de fiscalización en el departamento Taboada dejó al descubierto una situación de extrema vulnerabilidad laboral: de 75 trabajadores relevados en dos establecimientos, 74 se encontraban sin registrar. Entre las víctimas se hallaron dos adolescentes que al parecer realizaban tareas agrarias en condiciones precarias.

En una acción coordinada entre la delegación local de la UATRE, el RENATRE, la Secretaría de Trabajo, la Justicia Federal, Gendarmería Nacional y la COPRETI, se llevó a cabo una jornada de fiscalización en un establecimiento rural de Añatuya. Allí encontraron a 75 trabajadores, varios de ellos menores de edad, en condiciones de presunta explotación laboral.

La inspección se concretó en el establecimiento rural San Felipe, donde el personal detectó a 21 trabajadores que desempeñaban sus tareas en condiciones de absoluta precariedad. Lo más grave del hallazgo fue la presencia de dos adolescentes, lo que motivó la intervención inmediata de los organismos encargados de la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Según el acta de fiscalización, ninguno de los empleados estaba registrado y todos percibían remuneraciones significativamente inferiores a las establecidas por la escala salarial vigente.

Durante el relevamiento de un segundo predio, se identificó a un grupo de 54 trabajadores, de los cuales solo uno contaba con el alta correspondiente y los beneficios de ley.

Esta estadística revela que el 98% del personal en dicho establecimiento operaba “en negro”, desprovisto de aportes jubilatorios, obra social o seguros de riesgo de trabajo. Las condiciones de habitabilidad y seguridad también fueron cuestionadas por los técnicos, quienes describieron un panorama de desprotección total frente a las exigencias físicas de la actividad rural.

Ante la magnitud de las irregularidades constatadas, se labraron las actas de infracción correspondientes. Actualmente, la Justicia Federal y los organismos competentes intervienen para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los propietarios de los campos, bajo posibles cargos de explotación laboral y violación a las leyes de prohibición del trabajo infantil.

Desde la UATRE reafirmaron su compromiso en la lucha contra estas prácticas: “No vamos a permitir que se siga lucrando con la dignidad de los trabajadores y el futuro de nuestros jóvenes”. Asimismo, instaron a la comunidad y a los propios trabajadores a realizar denuncias anónimas a través de su sitio web oficial (www.uatre.org.ar) para continuar desarticulando estos focos de trabajo esclavo en la provincia.

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