La Cámara de Apelaciones resolvió ratificar las facultades del querellante, Sebastián Robles por lo que se desestimó los planteos de la fiscal, Celia Mussi, y del imputado, Joaquín Cesca Castiglione, en la causa que investiga la muerte de Luciana Torres, en diciembre de 2024.
En la resolución emitida el 4 de mayo, las vocales Inés Zamora, María Gabriela Núñez y Ana Cecilia Vittar resolvieron “no hacer lugar al planteo articulado por la representante del Ministerio Público Fiscal y por el doctor Ruiz Alvelda”, “contra la parte pertinente del decreto de fecha 2/9/2025 que tienen por presentada nulidad y la requisitoria de elevación a juicio alternativa por la querella.
En un segundo punto, tampoco también se hizo lugar a la objeción fiscal, al sugerir que vencieron los plazos para que la querella “se opusiera a la requisitoria fiscal”.
Ahora, la investigación continuaría con una audiencia “de control de acusación”, ante un juez de Control y Garantías. Si el criterio de la fiscal avanza, la causa puede ser enviada a juicio bajo la acusación de “instigación al suicidio”.
O bien, el magistrado interpreta que debe sopesar el de la querella, quien planteó una “acusación alternativa”, endilgándole a Cesca Castiglione el presunto “homicidio agravado por el vínculo enmarcado en un contexto de género”, en perjuicio de Torres.
Por el momento nadie descarta que ambas coexistan y sea un tribunal de juicio oral quien tercie y dirima ante la encrucijada.
