El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a defender la política presupuestaria del Gobierno nacional hacia las universidades públicas y rechazó las acusaciones de desfinanciamiento impulsadas por distintos sectores académicos y estudiantiles.
Durante una conferencia de prensa realizada este mediodía el funcionario aseguró que la administración nacional viene cumpliendo con las transferencias destinadas a las casas de altos estudios y sostuvo que la polémica Ley de Financiamiento Universitario permanece suspendida hasta que el Congreso determine de dónde surgirán los recursos para sostenerla.
En ese marco, Adorni insistió en que el Gobierno mantiene como prioridad el equilibrio fiscal y afirmó que romper esa meta implicaría un aumento de impuestos o una mayor emisión monetaria, con consecuencias directas sobre la inflación y la pobreza.
El funcionario también cuestionó lo que definió como una “campaña” para instalar que la gestión libertaria pretende recortar o cerrar universidades públicas. Según explicó, las partidas destinadas a gastos de funcionamiento se transfieren mensualmente y el presupuesto universitario previsto para 2026 contempla un incremento que llevaría la inversión total a 4,8 billones de pesos.
Además, comparó la situación actual con la gestión anterior y aseguró que durante el gobierno de Alberto Fernández las universidades recibían fondos con varios meses de demora y en un contexto inflacionario mucho más elevado.
Uno de los puntos más tensos de la exposición estuvo vinculado al reclamo de la Universidad de Buenos Aires por el financiamiento de hospitales universitarios. Adorni negó que exista un recorte y sostuvo que el Ejecutivo ya transfirió las partidas previstas tanto para funcionamiento como para salarios.
Según indicó, la UBA solicitó una ampliación presupuestaria superior a los 75 mil millones de pesos, cifra que —afirmó— representa casi la totalidad del presupuesto destinado a hospitales universitarios de todo el país. “Una sola universidad pretende apropiarse del crédito presupuestario del conjunto de hospitales universitarios nacionales”, cuestionó.
Por último, en la antesala de la movilización universitaria prevista para el 12 de mayo, el jefe de Gabinete manifestó su expectativa de que prevalezcan “la sensatez y el sentido común”, al tiempo que aseguró que el Gobierno considera a la educación y la salud como derechos fundamentales.
