Defensores del pueblo promueven un reclamo por derechos laborales

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación institucional ante el progresivo desmantelamiento de organismos públicos vinculados a la protección de derechos laborales y sociales, en el marco de una iniciativa impulsada por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa.

La entidad, que nuclea a Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de todo el país, advirtió sobre las consecuencias derivadas de las políticas de ajuste fiscal implementadas a nivel nacional, las cuales —según señalaron— han generado el desfinanciamiento sostenido de áreas estratégicas relacionadas con el trabajo, la seguridad social y el empleo.

En el pronunciamiento institucional, ADPRA manifestó que el cierre de Agencias Territoriales y Delegaciones, sumado a la desvinculación de trabajadores con extensa trayectoria en la administración pública, impacta de manera directa en la capacidad del Estado para garantizar derechos consagrados constitucionalmente.

La preocupación se centra especialmente en el debilitamiento de programas destinados al control del trabajo no registrado, entre ellos el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y el Programa de Apoyo a la Registración, desarrollados de manera articulada entre la Secretaría de Trabajo, la entonces AFIP —actual ARCA— y los gobiernos provinciales.

Desde la Asociación remarcaron que la reducción de estas estructuras “no constituye un dato administrativo neutral”, sino que repercute en mayores niveles de informalidad laboral, menor protección para los trabajadores y un incremento de la vulnerabilidad social en distintos sectores de la población.

Asimismo, ADPRA advirtió sobre el impacto que estas medidas podrían generar sobre las asociaciones sindicales y los programas de promoción del empleo, especialmente en un contexto de complejidad económica y social.

En ese marco, la entidad exhortó al Gobierno Nacional a revisar el alcance de las medidas adoptadas y promover instancias de diálogo institucional que permitan preservar las fuentes laborales y garantizar la continuidad de políticas públicas esenciales para la protección de derechos sociales, económicos y laborales.

Pedido de informes a Capital Humano

Como parte de las acciones institucionales impulsadas, ADPRA presentó además un pedido formal de informes dirigido a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, en el marco de la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública.

En la presentación, la Asociación solicita información detallada sobre el cierre, reorganización o suspensión de dependencias de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2023 a la fecha, así como también datos vinculados al personal afectado, el estado actual de programas de fiscalización laboral y estadísticas sobre empleo informal.

Entre otros puntos, el requerimiento incluye información sobre inspecciones laborales realizadas durante 2024, operativos de fiscalización, evolución de la informalidad laboral por provincias y los mecanismos previstos por el Estado Nacional para garantizar la continuidad de la atención y asistencia laboral en las jurisdicciones afectadas.

Finalmente, ADPRA ratificó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, el fortalecimiento del Estado de derecho y la búsqueda de soluciones institucionales que prioricen el interés general y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.