Transferencias de la TV Pública a Imhouse contradicen la versión de Adorni ante el Congreso
Nuevos documentos incorporados a una investigación judicial pusieron en duda las declaraciones realizadas por Manuel Adorni respecto de la relación entre la TV Pública y la productora IMHOUSE S.A., perteneciente a Marcelo Grandio, su amigo. …
Según registros administrativos de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa recibió pagos mensuales vinculados a la emisión del programa “Enredados” en el canal de streaming de la TV Pública. La información contradice lo expresado por Adorni ante el Congreso, donde sostuvo que el Estado “no asumió pagos” hacia la productora.
La documentación conocida en las últimas horas señala que desde octubre de 2025 se emitieron órdenes de pago relacionadas con el ciclo conducido por Grandio, quien mantiene una relación de amistad y trabajo con el actual jefe de Gabinete. El monto total abonado habría superado los tres millones de pesos.
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Las órdenes de pago y las facturas de Imhouse, la productora de Marcelo Grandio, el amigo de Manuel Adorni
La investigación periodística que reveló los movimientos sostiene además que existen al menos seis contratos firmados entre IMHOUSE S.A. y RTA. Uno de esos acuerdos fue rubricado por autoridades de los medios públicos y representantes de la productora para formalizar la coproducción del contenido.
El contrato entre Imhouse y RTA firmado en agosto de 2025.
Desde el Gobierno explicaron que el esquema funcionaba mediante un sistema de compensación publicitaria. Según esa versión, la productora aportaba publicidad para cubrir los costos del programa y, en caso de diferencias, se emitían facturas compensatorias entre ambas partes, evitando erogaciones directas del Estado.
Sin embargo, la aparición de transferencias y órdenes de pago reactivó las críticas opositoras y profundizó la investigación judicial que analiza posibles incompatibilidades y conflictos de interés.
La Justicia también puso bajo análisis el vínculo entre Adorni y Marcelo Grandio, luego de conocerse antecedentes laborales compartidos y pagos realizados antes de que el funcionario ingresara al Gobierno nacional. Entre las medidas dispuestas se ordenó peritar comunicaciones entre ambos para determinar si existió algún tipo de intervención en las contrataciones realizadas con medios estatales.
