Mientras el santuario de San La Muerte en La Bajada avanza en su construcción, Daniel Quinteros -quien adujo ser propietario del predio llamado “Campito de la Sanación”- volvió a quedar envuelto en una trama mucho más compleja.
Hasta hace un año y medio, Quinteros permanecía detenido por causas que investigaban usurpaciones, amenazas armadas, copamientos rurales y violentos episodios en diferentes parajes santiagueños. Este sábado, Info del Estero tuvo acceso exclusivo a documentos que lo obligan a restituir el predio donde se erige el santuario, pero no es la única causa en la que estuvo involucrado.
Antecedentes
Detrás de la imagen del hombre que asegura “vivir de su trabajo” y no lucrar con la fe, aparecen expedientes judiciales que lo ubican en el centro de hechos gravísimos ocurridos en el interior provincial durante 2023.
Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió en noviembre de ese año en un campo ubicado a pocos kilómetros de Pinto, departamento Aguirre. Allí, según la denuncia presentada por Gabriel Taralli, ex encargado del establecimiento, Quinteros habría participado de un amedrentamiento armado junto a Martín Mansilla.
La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Garzón, quien imputó a ambos por “lesiones leves y amenazas coactivas”.
Según consta en la investigación, Taralli fue interceptado por un grupo de hombres armados y obligado a soportar amenazas mientras era filmado. La frase atribuida a Quinteros estremeció a los investigadores: “Esto te pasa porque mi jefe me lo pide”, en referencia al empresario cordobés Andrés Cadamuro.
La víctima describió escenas de extrema violencia psicológica. “Nos trataron como cautivos del ISIS”, declaró tras denunciar que le apuntaban con armas mientras registraban todo en video.
Pero el nombre de Quinteros no quedó solamente ligado al episodio de Pinto.
Semanas después, otra causa todavía más grave explotó en el departamento Alberdi. El 7 de diciembre de 2023, un grupo de 27 hombres irrumpió violentamente en la estancia “Tierra Brava”, en un episodio que la Justicia investiga como un auténtico copamiento armado.
La fiscal Celia Mussi imputó a los acusados por “privación ilegítima de la libertad, lesiones, coacción agravada y usurpación”.
De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el grupo habría ingresado efectuando disparos, destruyendo instalaciones y reduciendo a trabajadores rurales.
Algunos testigos aseguraron que los atacantes maniataron a tres empleados rurales y llegaron a amenazarlos con cortarles los brazos utilizando una amoladora.
Durante los allanamientos posteriores, la Policía secuestró 19 armas de fuego, escopetas, rifles, machetes, una Toyota Hilux con tráiler, herramientas y cerca de 1.900.000 pesos en efectivo.
Entre los detenidos apareció nuevamente Daniel Quinteros.
Según fuentes ligadas a la investigación, las fiscalías de Capital y General Taboada comenzaron a intercambiar información para determinar si detrás de distintos episodios ocurridos en 2023 existiría una misma metodología operativa vinculada a conflictos de tierras rurales.
Todo este entramado judicial vuelve a tomar fuerza ahora que Quinteros quedó nuevamente bajo los reflectores por la construcción del santuario en honor a San La Muerte en La Bajada.
Quinteros insiste en que “nunca usurpó nada” y que solamente trabaja cuidando campos, pero las causas judiciales continúan abiertas, y aparecen testimonios de víctimas que lo señalan por la violencia de su accionar.
