Uruguay volvió a marcar la pauta en la región en materia de derechos civiles al confirmarse la primera eutanasia legal en el país, un hecho histórico que se concretó apenas un mes después de la entrada en vigencia del protocolo sanitario de la ley de Muerte Digna.
La paciente fue una mujer de 69 años que padecía un cáncer en etapa terminal y que pudo decidir morir con tranquilidad y según sus propias convicciones, de acuerdo con lo expresado por el diputado Federico Preve, uno de los principales impulsores de la norma. Este procedimiento consolida la tradición uruguaya como un Estado laico a la vanguardia de las libertades individuales, sumándose a hitos previos como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto legal.
Para garantizar una decisión consciente y evitar abusos, la normativa exige que el solicitante sea mayor de edad, ciudadano o residente, psíquicamente apto y que padezca una enfermedad incurable que cause sufrimientos insoportables. Además, el proceso requiere una solicitud por escrito, la evaluación de dos médicos y contempla la posibilidad de arrepentimiento en cualquier momento.
Con este paso, Uruguay se convierte en el tercer país de América Latina en legalizar la muerte asistida, sumándose a Colombia y Ecuador, y reaviva un intenso debate global donde las organizaciones civiles celebran el acceso a este derecho mientras que sectores como la Iglesia Católica ya manifestaron su enérgico rechazo.
