El Gobierno nacional inició un procedimiento administrativo que habilita el acceso de empresas privadas a activos administrados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), una decisión que abrió un fuerte debate sobre el futuro del sector nuclear argentino y el rol del Estado en áreas estratégicas.
La medida, denominada oficialmente como “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, comenzó a implementarse a principios de mayo y permite que firmas nacionales y extranjeras soliciten información, documentación técnica y autorización para recorrer instalaciones dependientes del organismo.
Entre los activos alcanzados por el procedimiento figuran complejos tecnológicos, sistemas operativos, equipamiento especializado, yacimientos de uranio y distintos proyectos vinculados al desarrollo nuclear nacional.
Según la documentación difundida, el alcance no se limita únicamente a bienes materiales, sino que también contempla antecedentes técnicos, capacidades institucionales, información operativa y otros activos considerados estratégicos para el funcionamiento de la CNEA.
Entre los puntos que despertaron mayor atención aparecen los yacimientos de uranio de Sierra Pintada, en Mendoza; Cerro Solo y Laguna Colorada, en Chubut; y Don Otto, en Salta. También se menciona el reactor de investigación AR10, uno de los proyectos más relevantes dentro del área nuclear argentina.
La decisión se produce en un contexto marcado por cuestionamientos vinculados a la paralización o ralentización de distintos proyectos estratégicos del sector, entre ellos el reactor CAREM, considerado uno de los desarrollos tecnológicos más importantes impulsados por la industria nuclear nacional en los últimos años.
El avance del procedimiento coincidió además con la visita de una delegación integrada por representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y organismos vinculados a la energía nuclear, quienes recorrieron distintos centros atómicos del país, entre ellos los de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche.
Desde distintos sectores científicos, académicos y vinculados a la industria nuclear expresaron preocupación por el alcance de la medida y advirtieron sobre las implicancias que podría tener una eventual participación privada en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo tecnológico y energético argentino.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene su política de apertura a inversiones privadas en distintos sectores de la economía, en un escenario donde el debate sobre la soberanía energética, el desarrollo científico y el control de los recursos estratégicos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
