Un escenario de profunda indignación y extrema gravedad institucional sacude al departamento Pellegrini tras conocerse la situación de desprotección que atraviesa una niña de 12 años, a quien se le detectó un embarazo de 29 semanas producto de sistemáticos abusos sexuales.
El caso quedó al descubierto cuando la menor acudió al Hospital Zonal en compañía de su progenitora manifestando “molestias en el estómago”, oportunidad en la que el licenciado en obstetricia de guardia constató el avanzado estado de gestación que motivó a alertar a las autoridades.
La investigación judicial está a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, dirigida por la fiscal Dra. Natalia Malachevski. La principal hipótesis de la fiscalía apunta a una dinámica de abusos intrafamiliares continuos perpetrados en el propio entorno de la víctima. A partir de los testimonios recabados, la funcionaria judicial ordenó el traslado urgente de la menor al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) en la ciudad capital para recibir asistencia psicológica especializada y ser sometida a los correspondientes exámenes médicos forenses.
Denuncias de complicidad materna
El entramado judicial se inició a partir de una denuncia penal radicada por la abuela materna de la menor, una mujer de 59 años. Según consta en el expediente, la mujer ya había acudido a las autoridades judiciales y policiales cuatro años atrás para solicitar formalmente que le retiraran la tenencia de sus tres nietos —dos niñas y un varón— a su propia hija, alertando que los niños sufrían constantes y severos castigos físicos por parte del padrastro.
No obstante, los familiares denunciaron públicamente que en aquella oportunidad los funcionarios intervinientes desestimaron el pedido, argumentando de manera sumaria que los menores se encontraban en “perfecto estado de salud”.
En una nueva presentación, la abuela apuntó de forma directa contra su propia hija, acusándola de ser plenamente consciente de los calvarios que padecían los niños y de adoptar una postura de total complicidad y encubrimiento al no haber accionado para protegerlos de su pareja.
Con base en la información médica y familiar, la denuncia identifica con nombre y apellido a tres presuntos agresores sexuales: El padrastro de la niña, de apellido Gambarte, un hermano de este, de nombre César y un sobrino de ambos, identificado como Juan. Este último cuenta con antecedentes judiciales previos por delitos de índole sexual y se dio a la fuga de manera inmediata al confirmarse el embarazo.
Modus Operandi
La presentación judicial detalla la modalidad bajo la cual se habrían concretado los ultrajes dentro de la vivienda. De acuerdo con el relato que uno de los hermanos de la víctima (también menor de edad) le confió a su abuela, el padrastro utilizaba las rutinas diarias del hogar como pantalla para los ataques.
Bajo el pretexto de cumplir con quehaceres domésticos, el principal acusado le ordenaba sistemáticamente a la niña que se trasladara a un sector apartado de la propiedad con la supuesta finalidad de “moler maíz”. Una vez que la víctima se encontraba indefensa y alejada del resto de la familia, el agresor iniciaba los abusos de manera reiterada, garantizándose el silencio de la menor mediante la manipulación psicológica y el entorno de violencia instalado en la convivencia.
Fuerte polémica por la restitución al hogar
A pesar de la gravedad del cuadro y del inicio de las actuaciones judiciales, la tía y la abuela de la víctima expresaron su preocupación y estado de alerta por una resolución institucional que reintegra a la menor a con su madre.
Tras ser evaluada y estabilizada en el CEPSI, la niña de 12 años recibió el alta médica y fue restituida a su vivienda bajo la custodia de su progenitora, quien fue denunciada en el expediente por presunta connivencia y encubrimiento.
