La Justicia de Santiago del Estero detuvo a Roberto René Mocagata, empleado municipal de La Banda, quien está acusado de integrar una presunta estructura de préstamos informales que habría operado con intereses considerados usurarios y mediante amenazas a quienes no podían cumplir con los pagos.
La investigación, encabezada por la fiscal Ximena Jerez, le atribuye los delitos de usura y amenazas coactivas reiteradas en concurso real. Las denuncias que dieron origen a la causa fueron presentadas por Edgardo Ignacio Luna, Víctor Manuel Véliz y Érika Soledad Peyla, esta última exsecretaria del imputado.
Según surge de los expedientes judiciales, el acusado habría otorgado préstamos por sumas superiores al millón de pesos a empleados públicos, exigiendo el pago de elevados intereses en plazos muy cortos. En uno de los casos investigados, un deudor habría recibido más de un millón de pesos y, apenas quince días después, debía abonar 850.000 pesos en concepto de intereses.
La situación financiera de algunos prestatarios se habría agravado con sucesivas renovaciones de deuda, generando montos cada vez más difíciles de afrontar.
Amenazas y audios
La causa también incluye una serie de amenazas que habrían sido realizadas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. De acuerdo con las denuncias, el 8 de enero Mocagata habría intimidado a Edgardo Luna con expresiones violentas, advirtiéndole que atentaría contra su vivienda si no cancelaba la deuda.
Semanas después, el 26 de febrero, habría enviado un nuevo mensaje reclamando el dinero y amenazando nuevamente al denunciante.
La investigación sostiene que el 28 de abril también habría intimidado a Érika Peyla para que revelara el paradero de Luna, mientras que ese mismo día Víctor Manuel Véliz denunció haber recibido amenazas similares vinculadas al cobro de préstamos.
Los investigadores señalaron que las intimidaciones provenían desde distintos números telefónicos, aunque todas hacían referencia a las mismas deudas, situación que será objeto de peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados.
Nuevos denunciantes y un presunto cómplice
Mientras avanza la causa, la Fiscalía recibió nuevas presentaciones de personas que aseguran haber atravesado situaciones similares. Entre ellas figura el padre de un niño con discapacidad, quien habría recurrido a un préstamo por una situación económica urgente y luego habría sido víctima de presiones y amenazas cuando no pudo devolver el dinero en los plazos exigidos.
La pesquisa también alcanzó a Edgardo Domínguez, conocido como “Naranjín”, propietario de un local gastronómico en calle Coronel Rivas. Fue detenido el 21 de mayo y es investigado por su presunta participación en las maniobras de cobro y amenazas a deudores.
La defensa y las próximas medidas
Durante las audiencias judiciales, Mocagata habría reconocido que realizaba préstamos particulares y admitido que en ocasiones utilizaba expresiones agresivas al reclamar pagos, atribuyendo esa conducta al consumo excesivo de alcohol.
La acusación sostiene además que, cuando los deudores no podían cumplir con las obligaciones económicas, el imputado aceptaba motocicletas y otros bienes como garantía o forma de pago.
Por su parte, la defensora oficial Romina Vinocur cuestionó la autenticidad de algunos audios incorporados al expediente y sostuvo que aún deben realizarse pericias para determinar su validez. También afirmó que su defendido nunca reconoció haber cobrado intereses usurarios.
El juez de Control y Garantías Gino Niccolai resolvió el 26 de mayo prorrogar la detención de Mocagata. La Fiscalía anticipó que en la próxima audiencia solicitará la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales mientras continúa la investigación.
