El presidente Javier Milei tomó postura de manera pública en la interna desatada por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, aspirante a ocupar una vocalía en el Tribunal Oral Federal Criminal N.º 3 de La Plata, al respaldar un planteo que defiende las facultades presidenciales para declinar postulaciones judiciales antes de su consagración formal.
El mandatario nacional utilizó su perfil oficial en la red social X para amplificar un mensaje redactado por Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez penal de la Ciudad de Buenos Aires —quien en 2025 había sido tentado por la gestión libertaria para asumir al frente de la Procuración del Tesoro—.
“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, señalaba el texto validado por el jefe de Estado, el cual cosechó miles de visualizaciones en pocas horas.
La postulación de Michelli, cuya trayectoria en el Poder Judicial se inició en octubre de 1994 en la Secretaría Electoral de La Plata y se consolidó a partir de 2009 como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa misma circunscripción, ya superó instancias clave del procedimiento parlamentario tradicional.
El expediente formal de la candidata tuvo ingreso en la Cámara Alta el 30 de marzo de 2026 y, cumplido el plazo de publicación en el Boletín Oficial y la recepción de observaciones civiles, la postulante expuso sus antecedentes el pasado 13 de mayo ante la Comisión de Acuerdos.
Tras la audiencia pública, la nominación de Michelli obtuvo el aval reglamentario con la firma favorable de nueve de los 14 senadores presentes, pertenecientes a los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y agrupaciones provinciales.
No obstante, el funcionamiento de la Comisión de Acuerdos arrastra su propia controversia política. De un total de 17 bancas que integran ese cuerpo de trabajo, el interbloque del peronismo mantiene una postura de no ocupación de sus lugares debido a un reclamo de proporcionalidad, alegando que por representación legislativa les corresponden seis sillas y no las tres asignadas por la conducción de la Cámara.
La derivación judicial
A pesar de la fuerte presión ejercida desde la Casa Rosada para frenar el nombramiento de Michelli, la estrategia del Ministerio de Justicia de la Nación se topó con un límite temporal y reglamentario. Si bien el Poder Ejecutivo cuenta con facultades para retirar los pliegos enviados, los analistas parlamentarios advierten que el margen para una interrupción directa expiró en el momento en que la Comisión de Acuerdos emitió el dictamen con las firmas positivas de los senadores.
Al encontrarse el trámite en esta fase avanzada, la potestad de retirar o archivar la postulación se trasladó de forma exclusiva al pleno del recinto. El reglamento del Senado estipula que, para hacer efectivo el requerimiento del Gobierno, el pedido formal de retiro deberá ser sometido a votación ante el total de los legisladores nacionales y aprobada por mayoría simple —la mitad más uno de los legisladores presentes—. De lo contrario, si el pleno decidiera votar la candidatura de forma afirmativa, la jueza obtendrá el acuerdo de la Cámara Alta y quedará formalmente designada una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial.
El conflicto en torno a este nombramiento —enmarcado en un concurso original para cubrir vacantes parlamentarias que se redujo a seis cargos tras la aplicación del fallo judicial “Bertuzzi”— ya generó repercusiones en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó una denuncia penal para investigar al Gobierno nacional por presuntos actos de discriminación tras ordenar el freno del pliego.
Este nuevo expediente se acopla a un historial de denuncias cruzadas en torno a la postulación de la secretaria de Cámara, el cual incluyó una acusación previa radicada por el exjuez federal Carlos Rozanski contra la propia Michelli y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, causa que fue archivada de forma definitiva por el fallecido fiscal federal Federico Delgado al constatar de forma evidente la inexistencia del delito denunciado.
