El Gobierno nacional y los rectores universitarios alcanzaron un principio de acuerdo para destrabar el conflicto presupuestario, pero las negociaciones fracasaron ante una condición tajante del Poder Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según publica TN, el lunes último hubo una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), conducido por Franco Bartolacci. La reunión buscaba canalizar el reclamo que motorizó la masiva Marcha Federal del mes pasado mediante una propuesta formal de recomposición de las partidas presupuestarias.
La oferta presentada por el Ejecutivo contemplaba una recomposición salarial para el sector docente del 24,3%, destinada a cubrir la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante parte de 2024, todo 2025 y los meses transcurridos de 2026 hasta mayo. Según el esquema oficial, el incremento se abonaría de forma desdoblada: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. El paquete de medidas incluía además la creación de una comisión técnica para evaluar el período adeudado de 2024 y el compromiso de garantizar negociaciones paritarias con una frecuencia trimestral.
En materia de financiamiento e infraestructura, la propuesta oficial sumaba un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% para los gastos de funcionamiento generales de las instituciones y la inyección de un fondo adicional de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios. En paralelo, quedaba pendiente una convocatoria para definir los nuevos criterios de distribución de otra partida de más de 79.000 millones de pesos destinada a los centros de salud de las universidades, cuyo congelamiento previo ya había encendido alarmas sobre la continuidad de la atención médica.
A pesar de que las fuentes de la comunidad universitaria calificaron el ofrecimiento económico como “razonable”, la mesa de diálogo se rompió de forma inmediata cuando el Gobierno supeditó la firma del convenio a la caída de la vía judicial. La demanda en cuestión busca que la Corte Suprema obligue al Estado a ejecutar los fondos dispuestos por la Ley de Financiamiento de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), una cifra global que ronda los 2,5 billones de pesos y que la administración libertaria rechaza de plano por considerar que atenta contra el superávit fiscal.
La respuesta de los rectores ante la exigencia de la Casa Rosada fue unánime y tajante: “Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación”, señalaron las autoridades académicas, quienes consideran que la presentación judicial es un resguardo institucional irrenunciable. Desde su perspectiva, la propia oferta oficial demuestra que el Estado posee los recursos necesarios para solucionar la crisis presupuestaria.
Por su parte, voceros del Gobierno cuestionaron la intransigencia de la conducción del CIN y lamentaron que la negativa a ceder en el plano judicial arrastre a las partes a un escenario de conflicto permanente. Tras el fracaso de este intento de acercamiento, la resolución de la crisis universitaria queda supeditada a que alguno de los dos sectores modifique su postura política en las próximas horas.
