La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la exoneración de Ricardo Echegaray, exadministrador federal de Ingresos Públicos durante el gobierno de Cristina Kirchner. La medida fue adoptada mediante una disposición interna luego de que quedara firme la posibilidad de ejecutar la inhabilitación especial perpetua que le impuso la Justicia Federal, en el marco de la condena por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La resolución fue notificada formalmente a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal nacional Sergio Rodríguez. Dicha procuraduría especializada mantenía abierto un expediente técnico con el propósito de monitorear y fiscalizar las consecuencias administrativas derivadas del fallo penal contra el exfuncionario kirchnerista. Ante la consulta de los medios, desde los despachos de ARCA optaron por declinar la realización de declaraciones públicas sobre la medida.
Las áreas jurídicas y técnicas del ente recaudador concluyeron que la sanción penal ya posee fuerza ejecutoria debido a que no quedan recursos judiciales pendientes con efecto suspensivo. El pasado 12 de mayo de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Echegaray, un hito procesal que sepultó las instancias ordinarias de apelación y activó de forma directa la aplicación del artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de la entidad fiscal, el cual estipula la exoneración obligatoria ante penas de inhabilitación.
Los fundamentos de la máxima sanción administrativa
Desde el organismo aclararon que la medida no respondió a una nueva valoración subjetiva sobre la conducta del exagente ni significó la apertura de un sumario ético autónomo, sino que se limitó a dar estricto cumplimiento a la accesoria dictada originalmente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3. Aquel tribunal de primera instancia había impuesto a Echegaray una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, sumada a la destitución e inhabilitación perpetua para el desempeño de cualquier función en el Estado.
Para la aplicación de la desvinculación definitiva, la disposición administrativa repasó la normativa interna que rige al personal de control fiscal. El estatuto de ARCA prevé taxativamente la baja por exoneración cuando medie una condena judicial con inhabilitación absoluta o especial.
Al rechazarse el recurso extraordinario, el acto administrativo de desvinculación se tornó un deber para las autoridades de la agencia. La constancia de la baja civil y la cesación de funciones del exfuncionario fueron incorporadas formalmente como cierre del legajo técnico que tramitaba ante las oficinas de la PIA.
El trasfondo judicial
Ricardo Echegaray lideró la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre los años 2009 y 2015, período en el que concentró una notable cuota de poder e influencia política dentro de la estructura del Poder Ejecutivo tras haber encabezado previamente la Dirección General de Aduanas y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
Su posición institucional comenzó a resquebrajarse a partir del avance de la causa penal que investigó las maniobras de la firma Oil Combustibles, petrolera perteneciente al Grupo Indalo de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En dicho proceso, la Justicia Federal constató que la compañía retenía de manera sistemática el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que abonaban los usuarios en las estaciones de servicio, fondos públicos que luego eran desviados para financiar otras empresas del conglomerado privado en lugar de ser girados al fisco. Los magistrados del Tribunal Oral Federal N.º 3 dieron por acreditado que, bajo la gestión de Echegaray, la AFIP otorgó de forma deliberada planes especiales de facilidades de pago irregulares y diseñados a medida, permitiendo la acumulación de una deuda multimillonaria y el sostenimiento del fraude.
La confirmación de la responsabilidad penal por parte de la Cámara de Casación y el posterior bloqueo de la vía recursiva ante la Corte Suprema terminaron por sellar el destino del exadministrador. Con la comunicación enviada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ARCA clausuró de manera definitiva el vínculo laboral de Echegaray con el Estado, extinguiendo cualquier posibilidad de que uno de los principales responsables de la política tributaria del kirchnerismo vuelva a desempeñarse en el sector público.
