En diálogo con La Mañana de Info, el dirigente rural de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Pablo Karnatz, cuestionó con dureza el optimismo del Gobierno tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni. Temprano por la mañana, Adorni informó la implementación de un nuevo protocolo de control para la protección de la propiedad de semillas, asegurando que permitirá recuperar 30 años de atraso y sumará más de 4.000 millones de dólares en exportaciones. Karnatz calificó estas proyecciones como “apresuradas” y carentes de conocimiento, advirtiendo sobre las complicaciones logísticas del sistema y la presión de Estados Unidos para imponer un régimen internacional que perjudica el uso propio del productor.
La trastienda del control: ¿Modernización o burocracia engorrosa?
El eje de la discusión radica en la puesta en marcha de una red oficial de control que inspeccionará los camiones al momento de la descarga en acopios o puertos. Aunque la normativa oficial excluye a unas 700 variedades antiguas de semillas, el dirigente rural advirtió que la fiscalización terminará afectando a la totalidad de la logística. “El control engorroso de por sí va a tener que ser hecho en todos los camiones, porque si no, no vas a poder diferenciar lo viejo de lo nuevo”, explicó el referente santiagueño.
Sin embargo, Karnatz llevó tranquilidad a los productores de la provincia al destacar las gestiones realizadas por CRA para mitigar el impacto en las economías regionales:
• Menor impacto regional: Tras mantener reuniones con las asociaciones de semilleros, se acordó que el control del algodón no se hará en las desmontadoras.
• Centralización: Las inspecciones se realizarán exclusivamente en las seis deslindadoras operativas del país.
• Presencia local: Una de estas plantas clave se encuentra ubicada en Santiago del Estero, lo que evitará detener y abrir los camiones en tránsito.
El debate de fondo: El fantasma del UPOV 91 y la presión de Estados Unidos
Para el especialista, las estimaciones millonarias publicadas por el Ejecutivo denotan “ligereza” y ocultan una disputa geopolítica estructural en torno a los derechos de propiedad intelectual, similar a las presiones históricas sobre las patentes farmacéuticas. El conflicto principal se centra en la transición de los convenios internacionales sobre variedades vegetales:
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El modelo actual (UPOV 78): Es el marco vigente en Argentina y Brasil. Permite el “uso propio” por parte del agricultor. Las entidades agrarias defienden este sistema y aceptan que dicho uso propio no sea gratuito, sino oneroso, para combatir el comercio ilegal o “bolsa blanca”.
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El modelo pretendido (UPOV 91): Es el estándar restrictivo que impulsa Estados Unidos. Este régimen elimina el derecho al uso propio de la semilla por parte del productor en las campañas siguientes, obligándolo a pagar regalías constantes.
Próximos pasos y resolución de conflictos
La letra chica del Boletín Oficial establece que las muestras tomadas en los puntos de descarga serán derivadas a laboratorios habilitados de la red oficial. En caso de detectarse irregularidades o el uso de semillas que no hayan abonado los derechos de obtentor (royalties), el caso será remitido al Instituto Nacional de Semillas (INACE), organismo encargado de dirimir el conflicto antes de que las causas escalen a la justicia ordinaria.
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