Tras varias semanas de demoras y en medio de una causa penal abierta por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). El documento oficial detalla de forma pormenorizada la composición de su fortuna, la incorporación de propiedades y llamativas maniobras de financiamiento en efectivo y mediante deudas con particulares.
De acuerdo con la documentación presentada, el patrimonio bruto del jefe de ministros escaló a los $944,6 millones al cierre del ejercicio 2025, exhibiendo un incremento nominal del 43% en apenas doce meses, si se lo compara con los $662,6 millones que había registrado al comienzo del mismo período. Esta fuerte variación patrimonial está directamente vinculada a la adquisición de nuevos activos inmobiliarios de alta gama y a reconfiguraciones de sus ahorros en moneda extranjera.
Nuevos inmuebles y financiamiento en efectivo
El foco del documento radica en las propiedades incorporadas recientemente a su acervo personal, las cuales no registran referencias directas a la tenencia de Bitcoin u otras criptomonedas. No obstante, según declaraciones del propio funcionario en una entrevista televisiva el pasado miércoles por la noche, las ganancias obtenidas años atrás mediante activos digitales habrían sido el motor para financiar estas operaciones.
El desglose de las nuevas adquisiciones inmobiliarias incluye:
**Country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz): La propiedad fue adquirida el 15 de noviembre de 2024 y sometida a una remodelación total. Según la declaración, las refacciones e inversiones de mejora demandaron un desembolso de u$s245.000, abonados íntegramente en efectivo. La valuación fiscal declarada para este inmueble destinado a inversión asciende a $156,9 millones.
**Departamento en Caballito (CABA): Concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de u$s230.000, la compra de este departamento con cochera (del cual posee el 50% de la titularidad) fue valuada en $255,8 millones. Lo llamativo de la operación radica en el financiamiento: Adorni declaró que el 87% del monto total fue cubierto mediante préstamos otorgados por dos jubiladas.
Estos bienes se suman a su participación en la vivienda familiar de la Capital Federal (valuada en $61 millones) y a un departamento en la ciudad de La Plata (tasado en $96,9 millones).
Dólares en el colchón y una cuenta en Estados Unidos
Los ahorros dolarizados continúan teniendo un peso preponderante dentro de la estructura financiera del jefe de Gabinete, aunque sufrieron un marcado descenso que coincidiría con los gastos de refacción y compra de inmuebles del último período.
Adorni informó que conserva u$s209.961 en efectivo dentro del país (equivalentes a $303,6 millones), además de una cuenta bancaria en el exterior —específicamente en Estados Unidos— que aloja u$s6.220,23 (casi $9 millones). La caída de sus fondos bajo el colchón es ostensible: al inicio del ejercicio fiscal había declarado poseer u$s388.961 en efectivo, lo que demuestra que se desprendió de u$s179.000 billete durante el año.
Explosión de deudas y el blindaje de la “Inocencia Fiscal”
De forma paralela al crecimiento de sus activos, la declaración jurada reflejó una fuerte suba de sus obligaciones financieras y compromisos con terceros. Las deudas declaradas por el funcionario se triplicaron en un año: pasaron de $92,4 millones al comienzo de 2025 a un total de $317,3 millones al cierre del período. Entre estos pasivos figuran créditos hipotecarios y deudas nominadas en dólares con distintas personas físicas vinculadas a las operaciones inmobiliarias de Caballito y Exaltación de la Cruz.
La presentación formal de este informe ante la OA se concretó luego de que Manuel Adorni solicitara de manera oficial su adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, un beneficio incorporado en la reciente Ley de “Inocencia Fiscal”.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtieron que los contribuyentes y funcionarios que optan por ingresar a este esquema especial quedan exceptuados de la obligación de informar detalladamente su evolución patrimonial y sus consumos personales de cara a los próximos ejercicios. Este beneficio impositivo generó duras críticas en el arco político y judicial, dado que el funcionario se encuentra bajo investigación y la Justicia Federal utiliza ahora este último documento para intentar cruzar datos y determinar la legalidad de los fondos utilizados.
