Tras la presentación de su declaración jurada que dejó más dudas que certezas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría ser imputado por “omisión maliciosa”. La justicia debe determinar ahora si los bienes y fondos declarados a último momento fueron ocultados de manera deliberada en las presentaciones originales, poniendo el foco en la trazabilidad y la capacidad económica real del funcionario para adquirir las criptomonedas.
La investigación que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita podría incorporar una nueva figura penal a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata del delito de “omisión maliciosa”, una conducta tipificada en la Ley de Ética Pública que penaliza a aquellos funcionarios que oculten de forma consciente bienes, activos o información patrimonial relevante ante los organismos de control estatal, como la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación.
Adorni reconoció públicamente la existencia de activos que no figuraban en sus informes previos. Ante esto, debió presentar documentación rectificativa de urgencia para incorporar más de medio millón de dólares cuyo origen y existencia no habían sido consignados originalmente al asumir su rol en la función pública.
Diferencias técnicas y penalidades en juego
En el ámbito de la justicia federal, la distinción entre ambos delitos resulta sustancial para el futuro procesal del funcionario. La investigación por enriquecimiento ilícito se concentra en determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y desproporcionado respecto de los ingresos legítimos y conocidos del imputado durante el ejercicio de su cargo.
Mientras que, en caso de omisión maliciosa, se castiga estrictamente el ocultamiento de la información obligatoria que debía ser expuesta ante las autoridades de control, independientemente de que el origen de esos fondos de origen dudoso sea lícito o ilícito.
Si bien la escala penal prevista para la omisión maliciosa es menor a la del enriquecimiento —contemplando sanciones que van desde los quince días hasta los dos años de prisión—, reviste una gravedad institucional extrema para la carrera del funcionario, ya que el Código Penal establece la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en caso de dictarse una condena firme.
Por este motivo, el eje de las próximas pericias radicará en dirimir si la incorporación tardía del medio millón de dólares respondió a un mero “error administrativo” de su contador —coartada ensayada por el entorno de la Casa Rosada— o si existió una decisión consciente de excluir esos activos del escrutinio público.
Pericias a las criptomonedas y cruces patrimoniales
Para avanzar en el esclarecimiento del hecho, el fiscal Pollicita solicitó con carácter de urgencia acceso irrestricto a la declaración jurada de Adorni correspondiente al período 2025, así como a la totalidad de las rectificaciones presentadas por el funcionario. El objetivo del Ministerio Público Fiscal es contrastar dichos documentos con los cruces de datos que ejecuta de forma conjunta la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
Uno de los puntos más críticos del expediente se centra en la reconstrucción de la capacidad financiera del actual jefe de Gabinete al momento en que asegura haber realizado sus inversiones en Bitcoins. La Justicia busca verificar mediante peritos informáticos y contables si los ingresos que Adorni percibía en aquellos años resultaban compatibles con los montos que afirma haber inyectado en el mercado cripto y la evolución posterior de sus billeteras virtuales.
Por su parte, la defensa técnica del funcionario argumenta que la mayor parte de los fondos incorporados a último momento provienen de operaciones comerciales legítimas realizadas entre los años 2013 y 2018, sumado a ahorros familiares acumulados junto a su esposa, Bettina Angeletti, antes de incorporarse a la estructura de La Libertad Avanza. Sin embargo, los investigadores judiciales advirtieron que requerirán un estricto soporte documental para convalidar cada uno de esos movimientos históricos.
La aparición de estos bienes omitidos modificó drásticamente el escenario político del Gobierno. Durante meses, y ante reiteradas consultas tanto en los pasillos del Congreso de la Nación como en sus habituales conferencias de prensa matutinas, el propio Adorni había asegurado con firmeza que su situación patrimonial se encontraba totalmente en regla y libre de inconsistencias, una narrativa oficial que hoy quedó desarticulada ante el avance de las pruebas en los tribunales.
