Se cumplieron 90 días del fallecimiento de Ángel López, el pequeño de cuatro años que ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un cuadro irreversible de daño cerebral generalizado y cuyo deceso se constató el pasado 5 de abril. A tres meses del trágico desenlace, el expediente judicial ingresó en una etapa de extrema tensión y parálisis, empujado por la aparición de pericias médicas contradictorias que amenazan con modificar el rumbo de la imputación principal.
Por el hecho permanecen detenidos con prisión preventiva por el lapso de seis meses su madre biológica, Mariel Altamirano, y su padrastro, Michel Kevin González, bajo la carátula provisional de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, las dilaciones en fijar la fecha del juicio oral y la falta de entrega del cuerpo a la familia nuclear encendieron el malestar social.
La guerra de los informes médicos
La principal polémica que mantiene estancada la investigación radica en el violento contraste entre el examen forense inicial y las conclusiones histopatológicas complementarias recibidas a principios del mes de mayo:
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La autopsia preliminar: Firmada por la médica forense Dra. Natalia Gómez, constató un escenario de maltrato físico explícito. El documento detalló 21 hematomas en el cuero cabelludo y en la zona subgaleal, hemorragia cerebral, edema severo y signos clínicos compatibles con el síndrome del sacudón (daño neurológico severo por sacudimiento traumático).
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El informe histopatológico: Contrariamente, sugirió que el desencadenante de la falla cerebral letal pudo haber sido una infección pulmonar aguda que derivó en un cuadro severo de neumonía.
Este último documento encendió las alarmas de la querella. El abogado del padre de Ángel denunció de forma pública que la defensa de los acusados busca utilizar la hipótesis de la infección para forzar una recaratulación de la causa a abandono de persona, un delito que contempla una escala penal notablemente menor a la del homicidio agravado.
Frente al revuelo, el jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, intentó llevar calma y aclaró que no se trata de informes excluyentes: “Puede tratarse de un mecanismo combinado. Los golpes, el estado de desnutrición generalizada y una neumonía que el niño padecía presuntamente desde el 7 de marzo sin ningún tipo de asistencia médica pudieron haber actuado en conjunto”, argumentó junto al fiscal del caso, Facundo Oribones.
La trama institucional: El juez y las psicólogas bajo la lupa
Para la familia de la víctima, la muerte de Ángel era una tragedia evitable. Hasta noviembre de 2025, el menor vivía bajo el cuidado de su padre biológico y de su pareja, Lorena, quien cumplió el rol de crianza afectiva desde que el niño era un bebé, luego de que la madre biológica abandonara la ciudad.
Tras el regreso de Altamirano a Chubut, el juez de Familia Pablo José Pérez determinó restituirle la custodia del menor de forma repentina. A raíz de ese fallo, la Justicia de Chubut ordenó la apertura de una investigación penal paralela contra las psicólogas del equipo técnico interdisciplinario, Jennifer Grisel Leiva y Vanessa Marín, acusadas de negligencia grave y presunta falsedad ideológica en la confección de los informes ambientales que avalaron la tenencia de la madre.
Asimismo, se constató que Sandra Jaramillo, docente de Ángel en su primera institución escolar, había presentado un acta formal alertando sobre alarmantes cambios de conducta y signos de violencia en el niño desde que convivía con Altamirano, una advertencia que fue sistemáticamente ignorada por los estamentos judiciales.
Ultimátum del padre: “Están queriendo alargar todo”
En la última movilización realizada por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, el padre de Ángel rompió el silencio con un discurso crudo y directo hacia el arco judicial y político: “Esta fue mi última marcha tranquila, estoy cansado de que nos tomen el pelo en la fiscalía. Están queriendo alargar los plazos procesales para que pasen las elecciones y comience el Mundial, buscando que la gente se olvide y deje de acompañarnos. El juez Pérez sigue firmando sentencias y para mí, esa persona firma sentencias de muerte de más chicos”.
El entorno familiar denunció además que las psicólogas investigadas y la defensora Verónica Roldán continúan percibiendo sus haberes de forma normal o bajo licencias otorgadas por el Poder Judicial. Con más de 50 testigos listos para declarar y cuatro rondas de estudios médicos complementarios finalizados, la querella buscará bloquear las maniobras de la defensa, que intenta postergar el debate oral para los primeros meses del año próximo, antes de que venzan los tres meses restantes de prisión preventiva de los principales sospechosos.
