El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas en la Escuela N° 124 “Gobernación de Santa Cruz” y su Jardín de Infantes Anexo, ubicados en la localidad de Las Abras, en el departamento Jiménez bajo la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 58 de El Charco.
La situación requirió la presencia urgente de los efectivos policiales, quienes al llegar se encontraron con acusaciones cruzadas que exponen tanto la falta de servicios básicos para los alumnos como una fuerte interna institucional de larga data.

Intento de ingreso por la fuerza y denuncias de desatención alimentaria
Por un lado, la única docente a cargo del nivel primario, Yanina Elizabeth Ávila (36), denunció que mientras dictaba clases a sus cuatro alumnos, un grupo de madres intentó ingresar por la fuerza al aula. Según su testimonio, las mujeres buscaban increparla y agredirla bajo el pretexto de realizar una reunión por diversas quejas, lo que la motivó a dar aviso inmediato a las autoridades para resguardar su integridad.
Sin embargo, la versión de las madres de los alumnos expone una realidad alarmante. Vecinas de la localidad explicaron a la policía que su presencia en el establecimiento se debía al profundo malestar de la comunidad: afirmaron que desde hace varios días no se les brinda el desayuno ni el almuerzo a los niños que asisten al Jardín de Infantes Anexo.
Una interna docente con antecedentes penales
La crisis sumó un capítulo aún más complejo con la declaración de la maestra del Jardín de Infantes, María Inés García (45). La docente no solo ratificó el reclamo de las madres, asegurando que Ávila no envía las raciones de comida destinadas a sus alumnos de 3 y 4 años, sino que además reveló que la convivencia en el predio escolar ya estaba rota. García detalló que en septiembre de 2025 radicó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal contra Ávila por el delito de amenazas ocurridas dentro del propio establecimiento.
Intervención judicial
Ante el complejo panorama, el personal policial procedió a invitar a todas las partes involucradas a comparecer en la sede policial para formalizar las denuncias penales correspondientes por los hechos ocurridos.El caso quedó en manos del Fiscal de Turno, Dr. Emanuel Sabater, quien ya interviene en la causa y dictará las directivas a seguir para esclarecer tanto las presuntas agresiones y amenazas como la situación del servicio de comedor escolar, un derecho fundamental de los niños de la localidad.
