A días de concretarse el viaje de estudios de alumnos de 5° año, familias expresaron su malestar por presuntos incumplimientos contractuales, nuevas exigencias económicas y falta de diálogo por parte de la empresa organizadora.
La organización de un viaje de egresados para estudiantes de una promoción 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que varios padres denunciaran cambios en las condiciones inicialmente pactadas, cobros adicionales no informados y un trato que calificaron como “abusivo” por parte de la empresa responsable.
Uno de los padres afectados, Julio César Nassif, cuestionó la manera en que se manejó la firma organizadora y aseguró que existieron “incumplimientos y maltratos” hacia las familias.
Según explicó, en un primer momento el viaje había sido programado para la segunda quincena de julio de 2026, pero posteriormente la fecha fue modificada para el 30 de junio. “Con las ganas que tenían los chicos de viajar, se aceptó el cambio”, indicó.
Sin embargo, el principal conflicto surgió durante una reunión informativa realizada a pocos días de la partida, cuando la empresa comunicó nuevas exigencias económicas que, según los padres, nunca habían sido contempladas en el contrato original.
Entre ellas, mencionaron una caución de $170.000 por alumno, que sería retenida por la empresa independientemente de que existieran o no daños durante la estadía. También se informó la posibilidad de entregar $340.000 en efectivo antes de ingresar al hotel, suma que sería utilizada para cubrir eventuales roturas y que, en teoría, sería reintegrada al finalizar el viaje si no se registraban inconvenientes.
Como tercera alternativa, se ofrecía el pago de $540.000, monto que incluía determinadas excursiones, un kilogramo de chocolates y un seguro que eximía del pago de la caución por daños.
FALTA DE DIÁLOGO DE PARTE DE LAS AUTORIDADES DE TRAVEL ROCK
“Todo esto apareció a último momento y de manera unilateral. Nunca fue informado previamente”, sostuvo Nassif, quien consideró que la situación vulnera derechos básicos de los consumidores, como el deber de información y la buena fe contractual.
El padre también cuestionó la falta de instancias de diálogo. “El canal de comunicación nunca se abrió. Hubo imposiciones constantes y se nos remarcaba que era un contrato de adhesión: firmás porque te gusta o porque no te queda otra”, manifestó. Además, señaló que se informaron otros cargos, como una penalidad de $50.000 en caso de pérdida de la tarjeta utilizada como llave de las habitaciones.
Finalmente, expresó que toda la situación terminó afectando la ilusión de los estudiantes. “Esto es un regalo para los chicos, un reconocimiento por su esfuerzo y por haber terminado una etapa. Pero se volvió algo tenso y desagradable. No todos los padres estamos en las mismas condiciones económicas y esto no tendría que pasar si hubiera predisposición al diálogo y una negociación razonable”, concluyó.
