Los estudios de #MDI contaron con la visita de la abogada Lourdes Tapia para analizar una creciente amenaza digital, la primera condena en Argentina contra una organización criminal dedicada al escaneo ilegal de iris en San Juan.
Tapia aclaró rápidamente que el fallo no apunta a la empresa Worldcoin, sino a una banda clandestina que se aprovechaban de la vulnerabilidad económica de la gente en la provincia de San Juan, pagándoles 10.000 pesos para quedarse con sus datos mediante el uso de celulares. La gravedad de esta maniobra radica en la naturaleza de la información entregada, ya que “el iris es un dato biométrico que son características de cada persona que son únicos. Son datos extremadamente sensibles porque nos permiten identificar de manera precisa a una persona determinada”, advirtió la abogada, señalando que, a diferencia de una contraseña tradicional que se puede cambiar ante un olvido, un rasgo físico comprometido deja al usuario expuesto de por vida.
El verdadero fin de estos grupos delictivos es la creación de las denominadas “cuentas mulas”, un término que pisa cada vez más fuerte en el ámbito del derecho penal debido a la explosión de las billeteras virtuales. Según explicó la letrada, estas “son cuentas bancarias o cuentas en billeteras virtuales que se abren con los datos de la persona que ha otorgado el iris pero las administra una tercera persona”, utilizándose principalmente para mover dinero de origen ilegal y facilitar el lavado de activos. Tapia derribó el mito de que al no tener fondos o ahorros en esas plataformas no hay peligro de sufrir perjuicios, alertando que los titulares de los datos pueden enfrentar gravísimos problemas legales y penales, dado que sus nombres reales quedarán asociados directamente a las estafas financieras perpetradas por las mafias.
La abogada enfatizó que el avance de estos engaños (que se suman a otras modalidades recientes como la plataforma Peta o los casinos online con famosos implicados) se ve fuertemente potenciado por la compleja situación económica actual y por la obsolescencia de un marco regulatorio nacional que data del año 2000.
Al respecto, concluyó que “en este caso lo que es inteligencia artificial sí hay un vacío legal en nuestro país”, haciendo un llamado urgente al Poder Legislativo para diseñar normativas modernas que respondan a los veloces avances tecnológicos. Como medida de prevención inmediata, recomendó no ceder jamás información confidencial sin antes exigir respuestas claras sobre qué beneficios se otorgan, qué consecuencias a futuro traerá y quiénes tendrán acceso a esos registros.
