Dos productores ganaderos presentaron una denuncia penal contra la firma North Trading Solutions S.R.L. por supuestas maniobras defraudatorias sistemáticas en la compra de hacienda. La presentación judicial, que estima un perjuicio global que podría superar los 5.000 millones de pesos, solicita investigar a los responsables de la firma y exige urgentes medidas cautelares ante el posible ocultamiento de bienes.
Los productores damnificados, Ángel Martín Guedez y Juan Manuel Calderoni, con el patrocinio del abogado Eduardo Javier Leiva, radicaron la denuncia formal ante la Justicia de Santiago del Estero.
La acción penal se dirige puntualmente contra los directivos de la empresa North Trading Solutions S.R.L., identificados como Raúl Ariel Fernández y Nancy Valeria del Valle González, además de sus hijos y cualquier otra persona que resulte responsable de los hechos.
Según explicó el doctor Leiva en diálogo con Info del Estero, el daño económico directo denunciado por sus representados supera los 1.000 millones de pesos. Sin embargo, el letrado advirtió que “la cifra total de la presunta defraudación podría ascender a los 5.000 millones de pesos al sumar a numerosos productores damnificados de distintos puntos del país”, a quienes definió como “gente de trabajo del campo que se vio seriamente afectada en su patrimonio”.
El presunto modus operandi de la firma
La denuncia detalla una maniobra sistemática diseñada para ganar la confianza de los vendedores. De acuerdo con la acusación, los imputados utilizaban la estructura societaria de la empresa radicada en La Banda para exhibir una sólida solvencia económica y comercial.
Bajo esta fachada de organización perfecta, en la que supuestamente cada integrante de la familia cumplía un rol bien definido, concretaban las primeras operaciones abonando en término o realizando pagos parciales.
“Una vez consolidado el vínculo comercial, los compradores adquirían volúmenes mucho mayores de ganado en pie entregando cheques que luego no tenían respaldo, generando importantes deudas”, detalló el abogado.
El abogado querellante señaló que el ganado adquirido era derivado al frigorífico o al feedlot que opera la familia denunciada, y que actualmente se desconoce el paradero de esos animales, lo que motivó un pedido formal de informes al SENASA para poder reconstruir la trazabilidad de la hacienda.
Medidas cautelares y alcance nacional
El caso promete tener una fuerte repercusión penal debido a que los afectados pertenecen a diversas provincias, entre las que se mencionan Salta, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y Misiones. Por este motivo, la querella solicitó de manera urgente la intervención de la fiscalía y la apertura de una investigación contable exhaustiva para determinar el destino de los fondos y los roles de otros posibles involucrados que operaban dentro y fuera de la provincia.
Debido a la gravedad de las maniobras descritas, los denunciantes tipifican los delitos bajo las figuras de asociación ilícita, estafas reiteradas e insolvencia fraudulenta. El doctor Leiva fundamentó la necesidad de “aplicar medidas patrimoniales y cautelares inmediatas al asegurar que cuentan con registros fotográficos y fílmicos que demostrarían que los acusados estarían ocultando camiones y otros bienes de valor para eludir sus responsabilidades ante la Justicia”, recalcó.
