A diez días del devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, el Ejecutivo nacional dispuso un paquete de medidas económicas e institucionales enfocado en la reconstrucción y auxilio financiero a los damnificados. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, detalló a través de la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que tanto la banca pública como la privada activarán de inmediato la cartera hipotecaria nacional.
El Estado garantizará un 80% de subsidio en las tasas y, de manera complementaria, se exonerará el pago de todo tipo de aranceles e impuestos en los registros para contratos de alquiler o compraventa de nuevas viviendas.
La magnitud del desastre edilicio obligó a priorizar de forma interna los recursos estratégicos de producción. En este sentido, la mandataria interina decretó la prohibición absoluta de exportación de cualquier tipo de material de construcción, disponiendo que todo el stock de cemento, hierro y ladrillos se redireccione a la reconstrucción de las ciudades colapsadas.
Asimismo, el plan de contingencia prevé un esquema de asistencia económica directa mediante transferencias mensuales durante el próximo semestre para las familias afectadas, y se oficializó el nacimiento de la Misión Venezuela Renace, un megaplan que nucleará a los diversos programas sociales preexistentes para transformarse en el “brazo ejecutor” de la obra pública y habitacional.
El número de muertes roza los 3.000
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, actualizó el balance provisional de la catástrofe y elevó el registro de víctimas fatales a 2.954 muertos y 16.592 heridos. En paralelo, las bases de datos unificadas entre la sociedad civil y equipos técnicos reflejan la complejidad de la búsqueda: existen todavía más de 31.000 personas incomunicadas o con paradero difuso para sus allegados, mientras que las autoridades de rescate mantienen una nómina fija de al menos 157 desaparecidos bajo las estructuras. En contrapartida, las brigadas lograron poner a salvo a 6.462 sobrevivientes, aunque el desarraigo es masivo: un total de 16.309 familias perdieron su hogar por completo.
A nivel de conectividad regional, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, confirmó que las cuadrillas técnicas se encuentran desplegadas de manera permanente realizando obras urgentes de asfaltado, colocación de barandas y mantenimiento de juntas de dilatación en puentes clave, con especial foco en el sector costero de Caraballeda. De manera coordinada, las operadoras telefónicas privadas Digitel y Movistar Venezuela, en una alianza estratégica con el sistema satelital Starlink, avanzan a contrarreloj en el tendido de antenas de emergencia e instalación de puntos de internet de banda ancha de acceso gratuito en las redes de refugios públicos.
Protestas por la falta de asistencia
Mientras tanto, la tensión civil y la presión social se incrementan en las zonas periféricas del epicentro. En el estado La Guaira, diversos grupos de familias damnificadas manifestaron su profundo malestar por la paulatina retirada de los equipos de rescate y denunciaron una merma crítica en la frecuencia de los camiones de asistencia alimentaria.
La protesta social escaló con un bloqueo total en el acceso vial principal a Caraballeda, donde los vecinos exigieron el cumplimiento inmediato del traslado prometido hacia las instalaciones del complejo hotelero de Las Caracas, mientras exigen maquinaria pesada para recuperar los cuerpos de sus familiares sepultados.
Como contraparte a la creciente conflictividad interna, el Gobierno central buscó dar una señal de orden institucional en el plano internacional. La presidenta encargada encabezó este sábado un acto oficial para condecorar y despedir a las brigadas de rescatistas de siete países que culminaron sus tareas en el terreno.
