Entre las denuncias que la justicia tucumana recibe en la causa que investiga por estafa al tucumano Franco David Alderete, figura también la de su tía, Patricia Elena Ghiggia. La mujer rompió el silencio, aseguró ser una “víctima” del empresario, cuestionó el accionar judicial y pidió que se investiguen las conexiones de “LeBron Suaplementos” con otras sociedades.
En un extenso comunicado enviado a los medios, la denunciante aclaró que no busca “condenar a nadie mediante los diarios”. Pues entiende que “Alderete tiene derecho a defenderse y conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia penal firme”.
En paralelo, consideró que las víctimas tienen “derechos: a ser escuchadas, a obtener una investigación seria, a que se preserve la prueba y a que se adopten medidas antes de que sea demasiado tarde”.
De acuerdo a su relato, entregó dinero que fue “documentado mediante pagarés”. Tras verse defraudada, comenzó dos juicios ejecutivos, de los cuales obtuvo resoluciones judiciales favorables por miles de dólares. “Se dispusieron embargos y hasta se aplicaron sanciones judiciales por conductas dilatorias. A pesar de todo eso, después de años, no recuperé mi capital”, afirmó.
Si bien su denuncia penal fue desestimada, “como si se tratara de una deuda civil”, solicitó una revisión. Lo que tuvo eco en la Fiscalía Regional que consideró que “podrían existir maniobras que excedieran el simple incumplimiento”. Esto derivó en una investigación en una fiscalía especializada en estafas.
“La resolución regional mencionó expresamente la posible modificación de razones sociales, domicilios falsos y una eventual apariencia de solvencia utilizada para captar inversores”, indicó.
Ghiggia pidió que la justicia investigue a fondo el entramado en el que se dieron las presuntas estafas por las que se denuncia a Alderete y si intervinieron otras sociedades. Consideró que la causa no puede circunscribirse a LeBron Grup S.A.S. dado que hay “otras sociedades vinculadas”, como ser “Total Finan S.A.S. y Children S.A.S”.
Pues según indicó, el empresario había declarado que Total Finan inició sus operaciones “cuando fue bloqueado el CUIT de LeBron Grup”. De este modo, esa sociedad fue utilizada para continuar con el pago a empleados, proveedores y acreedores. “También reconoció que participó en la constitución de Children S.A.S. y que fue designado administrador”, precisó la damnificada.
El comunicado completo
Mi nombre es Patricia Elena Ghiggia. Soy víctima y denunciante en una causa penal en la que se investiga a Franco David Alderete por presuntas maniobras de estafa y defraudación vinculadas con la captación de dinero mediante la actividad comercial conocida como LeBron Suplementos.
Quiero comenzar aclarando algo: no busco condenar a nadie mediante los diarios. Alderete tiene derecho a defenderse y conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia penal firme. Pero las víctimas también tenemos derechos: a ser escuchadas, a obtener una investigación seria, a que se preserve la prueba y a que se adopten medidas antes de que sea demasiado tarde.
En mi caso entregué dinero que quedó documentado mediante pagarés. Inicié dos juicios ejecutivos, obtuve resoluciones judiciales favorables por miles de dolares, se dispusieron embargos y hasta se aplicaron sanciones judiciales por conductas dilatorias. A pesar de todo eso, después de años, no recuperé mi capital.
Mi denuncia penal fue inicialmente desestimada como si se tratara solamente de una deuda civil. Yo pedí la revisión. La Fiscalía Regional discrepó con aquella desestimación, consideró que podían existir maniobras que excedieran el simple incumplimiento y ordenó que la investigación continuara en una Fiscalía especializada en estafas. La resolución regional mencionó expresamente la posible modificación de razones sociales, domicilios falsos y una eventual apariencia de solvencia utilizada para captar inversores.
Por eso ya no puede decirse que esto es solamente una discusión privada entre familiares o una acreedora disconforme porque no le pagaron. La propia Fiscalía Regional reconoció que existen circunstancias que deben investigarse penalmente.
LO QUE EL PROPIO IMPUTADO RECONOCIÓ
En su declaración ante la Fiscalía, Alderete reconoció que LeBron recibía dinero de inversores o acreedores, que se pagaban intereses, que las operaciones se documentaban y que existía una administración encargada de atender a los inversores, contestar mensajes y realizar pagos.
También reconoció mi carácter de inversora o acreedora, la existencia de pagarés y las relaciones económicas mantenidas con otras personas que luego efectuaron reclamos. Su defensa niega el engaño y sostiene que todo fue una relación comercial. Esa es su versión y deberá ser confrontada con la prueba. Pero la recepción del dinero, la existencia de inversores y la documentación de las obligaciones ya no son una invención de las víctimas: fueron reconocidas por el propio imputado.
Alderete también afirmó que tenía a disposición contratos, transferencias, recibos, documentación contable y registros de la empresa. Por eso pregunto públicamente:
¿La Fiscalía recibió toda esa documentación? ¿La secuestró? ¿La comparó con los reclamos? ¿Realizó una pericia contable integral?
Decir que la documentación existe no equivale a investigarla.
LAS SOCIEDADES Y LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD
La investigación no puede limitarse únicamente a LeBron Grup S.A.S. Existen otras sociedades vinculadas que deben ser examinadas, entre ellas Total Finan S.A.S. y Children S.A.S.
El propio Alderete declaró que Total Finan comenzó a operar cuando fue bloqueado el CUIT de LeBron Grup, y que esa sociedad se utilizó para continuar pagando empleados, proveedores y acreedores. También reconoció que participó en la constitución de Children S.A.S. y que fue designado administrador.
La mera existencia de sociedades distintas no constituye un delito. Lo que pedimos es que se investigue:
quiénes eran sus verdaderos administradores;
qué cuentas bancarias utilizaban;
si existieron transferencias entre ellas;
qué bienes o mercadería fueron trasladados;
y si una sociedad continuó la actividad económica de otra mientras los acreedores quedábamos sin cobrar.
También existe documentación comercial que registra cheques rechazados y numerosos procesos judiciales relacionados con las distintas estructuras empresariales. Esa información debe ser corroborada oficialmente por el Banco Central, los bancos, ARCA, la Dirección General de Rentas y el Registro Público. No pretendo que un informe privado sustituya una investigación; pretendo que obligue a la Fiscalía a pedir los datos oficiales.
Las sociedades pueden cambiar de nombre. El dinero, si se investiga a tiempo, deja rastros.
LOS DOMICILIOS
Otro punto que debe aclararse urgentemente es el verdadero domicilio de Alderete.
En diferentes documentos y declaraciones aparecen:
Belgrano 354, San Isidro de Lules;
Rondeau 610, San Miguel de Tucumán, que figura en su DNI;
Virgen de la Merced 566, domicilio consignado al comparecer ante Fiscalía;
Av. Mitre 117;
Av. Mitre 564, donde él mismo dijo que se atendía a los inversores;
y una referencia anterior a una residencia en Ciudad del Este, Paraguay.
Además, reconoció sucursales en Buenos Aires 42, 25 de Mayo 762, Av. Aconquija al 500 y la ciudad de Lules.
No cuestiono que una empresa tenga varios locales. Lo que cuestiono es que, hasta hoy, no exista una respuesta clara sobre dónde reside efectivamente el imputado, dónde puede ser ubicado y qué vínculos mantiene fuera del país.
Cuando una causa comienza a sumar víctimas, domicilios y provincias, la determinación del arraigo no puede quedar librada a declaraciones contradictorias.
LA IMAGEN DE SOLVENCIA QUE SE MOSTRABA
Mientras recibía dinero de inversores y acreedores, LeBron se presentaba públicamente como una empresa en plena expansión.
Alderete declaró que llegó a tener entre 40 y 60 empleados, varias sucursales y una estructura comercial de importantes dimensiones. Respecto del local de Yerba Buena afirmó que tenía entre 14 y 16 empleados y gastos mensuales millonarios. También reconoció el lanzamiento de la marca “Bronny”.
La empresa se promocionaba regionalmente como una estructura fuerte y en crecimiento, incluso presentando sus aperturas como establecimientos de enorme relevancia dentro del NOA.
La pregunta que debe responder la investigación es:
¿Esa imagen pública de solvencia coincidía con la verdadera situación patrimonial, bancaria y fiscal de las sociedades cuando se recibía el dinero?
Porque si públicamente se mostraba crecimiento, sucursales, empleados, mercadería y expansión, pero internamente ya existía una situación financiera incompatible con la devolución de los fondos, ese contraste no puede quedar sin análisis.
EL CELULAR Y LA PRUEBA DIGITAL
Hasta donde fui informada, la Fiscalía tendría en su poder un teléfono celular que habría sido entregado voluntariamente por el propio imputado.
Si esa información es correcta, pedimos que se explique:
qué dispositivo fue entregado;
si era el teléfono utilizado durante los años investigados;
cuál era su número de línea y su identificación técnica;
si se realizó una copia forense completa;
si se recuperaron archivos eliminados;
si se preservaron mensajes, correos y respaldos en la nube;
y si se identificaron otros teléfonos, computadoras o cuentas utilizadas por la administración.
Un teléfono elegido y entregado voluntariamente por la persona investigada no puede agotar una investigación de cibercriminalidad.
Estamos hablando de una actividad que, según el propio imputado, tenía administración, empleados, atención a inversores, pagos bancarios, documentación digital y distintas sociedades.
La prueba no puede reducirse al dispositivo que alguien decidió presentar. Deben investigarse todos los soportes relevantes mediante órdenes judiciales, cadena de custodia y pericias técnicamente controladas.
LA FALTA DE AUDIENCIA Y LA FERIA JUDICIAL
Hemos solicitado medidas urgentes por el riesgo de fuga y de entorpecimiento: prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, determinación del domicilio real, medidas de coerción y una audiencia para que un juez analice si corresponde una detención o prisión preventiva.
Hasta hoy no fui notificada de una fecha concreta para esa audiencia.
Se nos indicó como dificultad la proximidad o el inicio de la feria judicial. Frente a eso quiero ser muy clara:
La Justicia puede entrar en feria; el riesgo de fuga, la pérdida de pruebas y la angustia de las víctimas no entran en feria.
La feria judicial tiene fiscales y jueces de turno precisamente para tratar cuestiones urgentes.
No estoy pidiendo que alguien sea detenido porque apareció una noticia periodística. Estoy pidiendo que la Fiscalía formule el requerimiento correspondiente y que un juez, en audiencia, con la defensa presente y todas las garantías, decida si existen riesgos procesales.
Lo que no resulta aceptable es que la audiencia no se fije y que después se diga que ya no puede encontrarse a la persona o que la prueba desapareció.
YA NO PARECE SER UN CASO AISLADO
Durante las últimas semanas comenzaron a conocerse denuncias y reclamos de otras personas, no solamente de Tucumán, sino también de Santiago del Estero.
Cada denuncia debe ser comprobada individualmente. No todos los acreedores son automáticamente víctimas de una estafa y no toda deuda impaga constituye un delito.
Pero cuando distintas personas describen mecanismos semejantes —entrega de dinero, promesa de intereses, pagos iniciales, reinversiones, pagarés y posterior imposibilidad de recuperar el capital—, la Fiscalía debe analizar si existe un patrón común.
Además, el propio imputado reconoció ante la Fiscalía que LeBron mantuvo relaciones con varios inversores y que ofrecía intereses que, según su declaración, podían llegar hasta tres veces la tasa del Banco Nación.
Pedimos que las autoridades de Tucumán coordinen inmediatamente con Santiago del Estero, identifiquen a las personas afectadas y unifiquen la información bancaria, societaria y digital.
Si cada víctima queda aislada en un expediente diferente, el patrón nunca aparece.
QUÉ PEDIMOS CONCRETAMENTE
Lo que las víctimas pedimos es concreto:
que se fije inmediatamente la audiencia de medidas de coerción;
que se determine el domicilio real del imputado;
que se obtenga su historial migratorio y se investiguen sus vínculos con Paraguay;
que se disponga preventivamente la prohibición de salida del país si corresponde;
que se secuestren y periten todos los dispositivos relevantes, y no solamente el teléfono entregado voluntariamente;
que se investiguen las cuentas bancarias, billeteras virtuales y movimientos de LeBron Grup, Total Finan, Children y las demás sociedades relacionadas;
que se determine el destino del dinero recibido;
que se analicen los cheques rechazados y los numerosos expedientes judiciales;
que se escuche a todas las personas que entregaron dinero o mercadería;
y que Fiscalía informe claramente qué medidas produjo, cuáles siguen pendientes y por qué.
No pedimos una condena anticipada. Pedimos que la investigación no llegue tarde.
CIERRE
Yo agoté las vías legales. Tengo pagarés, sentencias judiciales y años de reclamos.
Cuando mi denuncia penal fue desestimada, recurrí esa decisión. La Fiscalía Regional me dio la razón en un punto fundamental: el caso merecía ser investigado.
Ahora esa decisión debe convertirse en medidas reales.
No quiero reemplazar a los jueces desde un diario. Quiero que los jueces y fiscales actúen antes de que desaparezcan la prueba, el patrimonio o las personas que deben responder.
Mi pedido es simple:
Que se siga el dinero. Que se investiguen todas las sociedades. Que se proteja la prueba. Que se escuche a todas las víctimas. Y que se fije de inmediato la audiencia que la gravedad del caso exige.
Porque una Justicia que explica tarde por qué no actuó a tiempo no repara a las víctimas.
