Una millonaria disputa por una cosecha de maíz mantiene en vilo a la Justicia de Santiago del Estero. Un empresario español nacionalizado argentino denunció el presunto robo de una producción valuada en más de $300 millones, correspondiente a unas 105 hectáreas sembradas en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional 34, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre.
La denuncia fue presentada por el abogado Víctor Nazar, en representación de Fernando Jesús Rodríguez Sáez, quien actualmente se encuentra en Paraguay. Según explicó el letrado, el empresario mantiene una sociedad de hecho con el cordobés Alexis Cadamuro, con quien habría sembrado unas 450 hectáreas de maíz. De acuerdo con la presentación judicial, entre el viernes y el sábado pasados personas ingresaron al predio y retiraron parte de la cosecha utilizando camiones, tolvas y camionetas.
Siempre según la denuncia, fue Cadamuro quien descubrió la maniobra el domingo y dio aviso a la Comisaría Comunitaria N° 17 de Pinto. Además, vecinos de la zona manifestaron que las tareas de carga se habrían realizado durante la noche.
La Justicia intervino y ordenó medidas para preservar la cosecha de maíz
De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el fiscal Guillermo Farías habría dispuesto una medida de no innovar para evitar nuevos movimientos sobre la producción mientras se determina quién posee los derechos sobre el campo y la cosecha. Al mismo tiempo, trascendió que la Fiscalía también dictó una prohibición de acercamiento contra Alexis Cadamuro, en el marco del conflicto que enfrenta a ambas partes.
Por otro lado, la denuncia del empresario español alcanza a una pareja integrada por una mujer de apellido León, gendarme en actividad, y un exgendarme de apellido Luna. También fue señalado un hombre de apellido Peralta, quien sería propietario de los vehículos utilizados para transportar los granos. Según trascendió, se trataría de tres cosechadoras, una tolva y dos camionetas.
El abogado del empresario español informó que fue presentada documentación ante la Comisaría N° 17, entre ella una escritura con la que buscan acreditar la titularidad del inmueble, además de documentación relacionada con la adquisición de las semillas utilizadas para la siembra. Sin embargo, la controversia va más allá de la cosecha. Ambas partes sostienen ser propietarias del mismo establecimiento rural y anticiparon que presentarán abundante documentación ante los tribunales de Añatuya para respaldar sus respectivas posiciones.
Mientras tanto, el destino de otras 345 hectáreas de maíz continúa siendo incierto. Según la denuncia, las primeras 105 hectáreas ya habrían sido retiradas y su producción fue estimada en más de $300 millones.
Investigan amenazas y mantienen una consigna policial permanente
Durante el conflicto también fueron denunciadas presuntas amenazas con un arma de fuego, un hecho que quedó incorporado al expediente judicial y forma parte de la investigación. Frente al clima de tensión registrado en el acceso al establecimiento rural, las autoridades dispusieron una consigna policial permanente para resguardar el predio, prevenir nuevos incidentes y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.
