El 59% de los estudiantes de tercer grado de primaria en Argentina, es decir, chicos de alrededor de 8 años, ya cuenta con un teléfono celular propio. Además, un 23% no tiene un dispositivo personal, pero utiliza el de un familiar, por lo que solo el 18% de los niños de esa edad no tiene acceso a un celular. Los datos corresponden al informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, elaborado por Argentinos por la Educación junto a especialistas del CONICET y la Universidad Torcuato Di Tella.
El estudio, basado en los resultados del operativo Aprender 2024, también analiza el impacto de las restricciones al uso de celulares en las escuelas. Si bien la mayoría de las investigaciones internacionales coincide en que las prohibiciones disminuyen las distracciones y reducen el uso de los dispositivos durante la jornada escolar, los resultados sobre una mejora en los aprendizajes son dispares y, en muchos casos, no muestran diferencias significativas.
La investigación advierte que el acceso a los celulares continúa creciendo desde edades cada vez más tempranas. En el nivel secundario, por ejemplo, la tenencia alcanza al 90% de los estudiantes, según datos del operativo Aprender 2023, lo que plantea nuevos desafíos para el sistema educativo.

Celulares en la escuela: qué dice el informe sobre las prohibiciones
Los autores del informe revisaron estudios realizados en distintos países y concluyeron que las políticas más estrictas logran disminuir el tiempo de uso del celular durante las clases, aunque ese cambio no siempre se traduce en mejores resultados académicos.
Algunas investigaciones detectaron mejoras moderadas en el rendimiento, especialmente entre estudiantes con bajo desempeño o pertenecientes a sectores más vulnerables. Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias, incluso en sistemas educativos donde las restricciones son muy severas.
Los resultados también son diversos cuando se analizan aspectos como la convivencia escolar o el bienestar de los estudiantes. Mientras algunos trabajos registran una reducción de situaciones de bullying, otros no identifican efectos relevantes sobre el clima dentro de las escuelas.
Qué provincias avanzaron con regulaciones
En Argentina todavía no existe una normativa nacional que regule el uso de celulares en las escuelas. Sin embargo, 11 jurisdicciones, equivalentes al 45% de las provincias, ya implementaron leyes, resoluciones o protocolos propios.
Entre ellas, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa establecieron restricciones amplias para los niveles inicial y primario. En cambio, la provincia de Buenos Aires limita el uso únicamente en la secundaria, mientras que Mendoza solo permite utilizar dispositivos con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. Otras provincias, como Salta y Tucumán, otorgan mayor autonomía a las instituciones para definir sus propias reglas.
A nivel internacional, el fenómeno también crece. Según datos de la UNESCO, la cantidad de países que aplican algún tipo de restricción formal pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026.
Las diferencias entre provincias y niveles socioeconómicos
El informe muestra que la presencia de celulares es elevada en todo el país, aunque existen diferencias importantes entre provincias.
Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego presentan los porcentajes más altos, con más del 65% de los alumnos de tercer grado con celular propio. En el otro extremo aparecen Misiones y Formosa, donde la cifra ronda el 40%.
También existen diferencias vinculadas al nivel socioeconómico. Mientras el 63% de los estudiantes pertenecientes al quintil de mayores ingresos tiene un teléfono propio, el porcentaje desciende al 52% entre los alumnos del quintil más bajo.
Los especialistas piden ir más allá de la prohibición
Andrea Goldin, investigadora del CONICET y coautora del informe, consideró que la evidencia científica todavía no demuestra que prohibir los celulares modifique los hábitos digitales de los estudiantes. “La discusión no debería limitarse a prohibir o permitir los teléfonos, sino a repensar el papel que debe cumplir la escuela frente a las nuevas tecnologías y promover un uso con objetivos pedagógicos claros”, planteó.
En la misma línea, el sociólogo Alejandro Artopoulos, de la Universidad de San Andrés, sostuvo que las restricciones por sí solas no resuelven problemas como la salud mental o la adicción a las redes sociales y propuso avanzar en estrategias integrales de prevención. Por su parte, Lucía Fainboim, especialista en bienestar digital, alertó sobre la naturalización del uso de celulares a edades cada vez más tempranas y remarcó la importancia de proteger los tiempos de juego, autonomía y desarrollo de la infancia.
Finalmente, la experta en tecnología educativa Melina Masnatta afirmó que el verdadero desafío no pasa únicamente por prohibir los dispositivos, sino por aprender a incorporarlos con criterios pedagógicos que favorezcan la convivencia y mejoren los aprendizajes.
El crecimiento del acceso a los celulares en la escuela abre un debate que continúa dividiendo opiniones. Mientras más provincias avanzan con regulaciones y cada vez más países implementan restricciones, los especialistas coinciden en que la clave no está solamente en prohibir, sino en construir estrategias que permitan un uso responsable y educativo de la tecnología desde edades tempranas.
