La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un crítico informe de 38 páginas en el que expone graves deficiencias en el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. El reporte es sobre el control administrativo y financiero de un millonario crédito internacional.
El documento exige explicaciones sobre la falta de documentación que acredite el uso correcto de 200 millones de dólares. Fondos que forman parte de un préstamo total de 500 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para subsidiar la energía eléctrica de los sectores más vulnerables.
El programa que concluye a fines de 2028 y es ejecutado por la Secretaría de Energía, tiene como objetivo optimizar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y financiar a las distribuidoras EDENOR y EDESUR. Sin embargo, durante el período auditado, la AGN detectó que la millonaria suma ingresó directamente a la Tesorería General de la Nación sin que existiera un Manual Operativo aprobado, un plan de adquisiciones validado ni cuentas bancarias autorizadas para su manejo específico.
Falta de comprobantes
El informe señala la “inexistencia de documentación” que justifique los criterios utilizados para habilitar el desembolso de los 200 millones de dólares. La auditoría descubrió que solo se tomó un extracto del sistema de facturación de las distribuidoras privadas entre diciembre de 2023 y julio de 2024 para usuarios de bajos ingresos (N2), pero sin las auditorías de control correspondientes. Frente a esto, el Ministerio de Economía intentó deslindar responsabilidades alegando que la información consolidada estaba en manos de las empresas privadas, una justificación que la AGN rechazó de forma tajante.
A la desprolijidad contable se sumaron severas advertencias estructurales en el área informática. Los auditores denunciaron una preocupante falta de interacción entre la Dirección de Información Energética y la Dirección General de Tecnologías de la Información, además de advertir que no existe un ambiente técnico seguro para el desarrollo y mantenimiento del sistema RASE, la plataforma clave donde se cruzan los datos de los usuarios subsidiados.
Sin verificar si el beneficio llega a la gente
La AGN también enfatizó la total ausencia de un mecanismo de control estatal que permita verificar si los millonarios subsidios otorgados a las empresas se aplican efectivamente como un descuento en las boletas que reciben los clientes residenciales. Del mismo modo, los peritos destacaron la falta de circuitos formales para compras, contrataciones, pagos y registros contables dentro del ministerio.
A pesar de que el Palacio de Hacienda respondió formalmente que los manuales y normativas internas se encuentran “en proceso de ajuste”, la AGN ratificó todas sus observaciones. Aunque aclararon que el peritaje no buscaba realizar una auditoría integral de la administración central —lo que habría arrojado fallas aún más detalladas—, los auditores dejaron fijada la recomendación obligatoria de incorporar la totalidad del sustento documental en cada solicitud de fondos para frenar las irregularidades en el manejo de la deuda externa.
