El Gobierno nacional incorporó una serie de modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como Ley de Tierras, con el objetivo de reunir los votos necesarios para obtener la media sanción en el Senado durante la sesión prevista para este jueves de agosto.
La iniciativa sufrió más de 15 cambios durante las negociaciones con bloques aliados. El punto de mayor debate fue el referido a la extranjerización de las tierras rurales, donde el oficialismo debió introducir límites y controles luego del rechazo que generó la propuesta inicial de avanzar hacia una desregulación más amplia.
Uno por uno, los principales cambios del proyecto
Mayor límite para la compra de tierras por extranjeros. El proyecto eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrán estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras dentro del territorio de cada provincia.
Control sobre zonas de frontera. Se mantiene la obligación de que toda compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros cuente con la autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo Nacional.
Cambios en las indemnizaciones por expropiaciones. La iniciativa modifica el cálculo de las compensaciones económicas. La indemnización por lucro cesante podrá superar el 30% del daño emergente si el propietario demuestra un perjuicio mayor. Además, el valor del inmueble se fijará tomando como referencia el momento previo al anuncio de la expropiación y luego se actualizará por inflación más intereses.
Mayor autonomía para las provincias. El texto ratifica que las provincias conservarán el dominio originario de los recursos naturales y podrán dictar la normativa correspondiente dentro de sus competencias constitucionales.
Restricciones para Estados extranjeros. Continúa prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización expresa de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Registro obligatorio de compradores extranjeros. Todas las adquisiciones de tierras rurales realizadas por personas o empresas extranjeras deberán quedar registradas en los organismos inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad del adquirente y, cuando corresponda, las autorizaciones oficiales.
Más controles en zonas estratégicas. El proyecto mantiene que las autorizaciones para comprar tierras en zonas de frontera deberán contemplar aspectos vinculados con la seguridad nacional, la defensa y los objetivos estratégicos del país.
Desalojos más ágiles. La iniciativa incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles, que permitirá acelerar los desalojos antes de que exista una sentencia judicial definitiva en determinados casos.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las restricciones vigentes que impedían modificar el destino de las tierras afectadas por incendios, una de las reformas que también genera debate entre distintos sectores.
Con estas modificaciones, el oficialismo busca destrabar el tratamiento de una iniciativa que fue postergada en varias oportunidades y que continúa generando posiciones encontradas tanto en el Congreso como entre organizaciones vinculadas a la producción, el ambiente y la propiedad rural.
