Prisión preventiva por falsos planes sociales: la Fiscalía hizo el pedido para dos mujeres
A un mes de las detenciones, el fiscal Mauricio Abramczuk solicitó que Ana Carrizo y Mariana Lastra permanezcan bajo prisión preventiva, en una causa por presunta estafa en perjuicio del Estado provincial.
Ana Carrizo y Mariana Lastra quedaron nuevamente en el centro de una investigación judicial por presunta estafa en perjuicio del Estado provincial, luego de que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva para ambas durante una audiencia oral realizada ayer. El planteo fue realizado por el fiscal Mauricio Abramczuk, quien había impulsado las detenciones, mientras continúa la investigación sobre las presuntas maniobras realizadas a través de redes sociales.
El expediente se inició a partir de una publicación detectada por personal de Ciberpatrullaje en un grupo de compra y venta de Facebook. Allí se habrían ofrecido planes sociales a cambio de dinero, situación que derivó en una investigación para determinar quiénes estaban detrás de la propuesta.
La primera detenida fue Mariana Lastra, identificada por los investigadores a partir de las tareas realizadas tras detectar la publicación. Personal de Delitos Comunes la invitó a trasladarse a una dependencia policial, donde finalmente quedó detenida. Ese mismo día, un hombre habría señalado a Carrizo como presunta partícipe de las maniobras junto con Lastra. Carrizo fue detenida posteriormente, el 13 de julio.
Qué sostiene la Fiscalía sobre los falsos planes sociales
En paralelo a las actuaciones policiales, cuatro mujeres se presentaron ante las autoridades y denunciaron a Carrizo. Esas presentaciones fueron incorporadas al expediente que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.
Durante la audiencia, Abramczuk fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales y en la necesidad de avanzar con distintas medidas de prueba. Entre ellas se encuentra la extracción y análisis de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados.
La Fiscalía también considera necesario acceder a las conversaciones que habrían mantenido Lastra y Carrizo y obtener el informe correspondiente de Mercado Pago. Esos elementos podrían aportar información sobre las operaciones investigadas y sobre el alcance de las presuntas maniobras.
La defensa pidió prisión domiciliaria
La defensa de Carrizo, ejercida por la abogada Aída Farrán Serlé, se opuso a la prisión preventiva y sostuvo que existe una “inexistencia de riesgos procesales”. Además, argumentó que el teléfono de su representada permanece secuestrado y que, por ese motivo, las conversaciones almacenadas en el dispositivo no podrían ser modificadas.
La letrada solicitó también que Carrizo cumpla prisión domiciliaria. Como fundamento, señaló que es madre de dos menores que atraviesan problemas de salud y que cuenta con ingresos mensuales de aproximadamente $200.000.
Finalmente, el juez resolvió diferir el tratamiento de los planteos vinculados con las prisiones preventivas de ambas imputadas, aunque sí hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria para Carrizo.
