Ordenan embargo preventivo del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
El inmueble, ubicado en la calle San José al 1111, forma parte de una serie de cautelares solicitadas por el fiscal Diego Luciani.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el embargo preventivo del departamento de la calle San José 1111, donde actualmente cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner. La resolución en la Causa Vialidad, apunta a resguardar bienes para solventar la restitución del dinero fijado en el fallo judicial.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso aclararon que la disposición no conlleva por el momento la subasta ni el decomiso definitivo del inmueble. El propósito central de la medida cautelar es impedir la transferencia o gravamen de las propiedades mientras la Justicia determina cuáles serán ejecutadas en la etapa final del proceso.
Vínculo comercial con Cristina Kirchner
El inmueble afectado pertenece a la sociedad Los Sauces, vinculada a la familia Kirchner. Su incorporación a la lista de cautelares se produjo tras una presentación del fiscal Diego Luciani, quien solicitó sumar nuevos activos con el fin de avanzar en el recupero del perjuicio ocasionado por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Según las estimaciones judiciales actualizadas, el monto total a afrontar por los condenados asciende a unos $685.000 millones. En tanto, una primera etapa del decomiso que abarca 111 propiedades aún por una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia.
“Beneficios económicos”
En los fundamentos de la resolución expedida por el TOF 2, los magistrados remarcaron que la maniobra delictiva generó "beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner". Esto fundamentado en la "conexión económica y comercial comprobada" entre el empresario y las sociedades de la familia presidencial durante el período investigado.
De este modo, el tribunal estableció que quedarán alcanzados por las medidas cautelares y eventuales decomisos aquellos bienes integrados a los patrimonios de los imputados entre los años 2003 y 2015 [cite: Según el criterio adoptado por los magistrados Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, los bienes incorporados a los patrimios de los condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015 pueden quedar alcanzados por el decomiso.]. Se incluyen también aquellos activos que hayan sido transferidos de manera gratuita a terceros si se comprueba su relación con el producto del delito.
