Chubut: la justicia intimó a dar carne roja en la vianda de los presos pero el gobernador dijo que no cumplirá el fallo
La polémica medida judicial despertó a la opinión pública y tensionó las relaciones entre ambos poderes del Estado.
Una fuerte controversia institucional se desató en la provincia de Chubut tras la resolución del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien intimó al Poder Ejecutivo provincial a garantizar la provisión de carne roja en la dieta de los reclusos en un plazo menor a 72 horas.
La medida judicial abarca al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y a la Alcaidía de Trelew, donde los internos iniciaron protestas pacíficas exigiendo mejoras en la calidad nutricional del menú.
Ante esta disposición, el gobernador Ignacio "Nacho" Torres rechazó públicamente la orden del magistrado y anunció de forma contundente que su gestión no acatará la medida. El mandatario tildó la resolución de "locura" y aseguró que el Estado no está dispuesto a solventar lujos o exigencias desmedidas dentro del sistema carcelario provincial.
El origen del conflicto en los penales de Trelew
El reclamo fue impulsado formalmente por el Ministerio de la Defensa Pública en representación de las personas privadas de la libertad en ambos centros de detención. Según los planteos presentados en la causa, la protesta de los reclusos se centra en la falta de variedad de alimentos y en las deficiencias nutricionales de las viandas, afectando especialmente a quienes padecen afecciones médicas que requieren dietas específicas.
Tras la audiencia de partes, el magistrado Nieto Di Biase fijó el límite de tres días para que la administración provincial ejecute la compra de carne vacuna. Sin embargo, desde el gobierno sostienen que el servicio de viandas cumple con los requisitos nutricionales básicos y que la exigencia de incluir cortes específicos de carne roja de manera regular excede los marcos lógicos de asistencia estatal.
Las duras críticas del gobernador Ignacio Torres a la Justicia
El gobernador de Chubut cruzó al juez interviniente en declaraciones periodísticas y mediante publicaciones oficiales, acusando a un sector del Poder Judicial de practicar un "garantismo berreta" que prioriza los reclamos de los delincuentes por sobre los derechos de los ciudadanos. Torres enfatizó que su administración tiene prioridades presupuestarias enfocadas en las víctimas y en la seguridad pública.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo provincial cuestionó la conducta del magistrado señalando que "oficia más de sindicato de presos que de juez". En su descargo, recordó antecedentes controversiales del mismo fuero, como fallos que postergaron allanamientos o la presentación de recursos para mantener teléfonos celulares en los pabellones penitenciarios.
