Tenía una multa de $2 millones, pagó $1 y presentó un comprobante falso para recuperar su camioneta

Un hombre de 41 años quedó bajo investigación de la Justicia de Tucumán luego de protagonizar una insólita maniobra para recuperar su camioneta, que había sido secuestrada tras un control de alcoholemia.

El hecho ocurrió en Banda del Río Salí, cuando el conductor, identificado con el apodo de “Bruja”, circulaba en una Chevrolet S10 por la ruta 306. El procedimiento se realizó el 15 de junio, alrededor de las 6 de la mañana, y el test de alcoholemia arrojó 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante la infracción, los agentes de Tránsito retuvieron su documentación y secuestraron la camioneta. Además, se labró un acta por una multa de $2.300.000.

Pero el hombre habría ideado una particular estrategia para evitar pagar la sanción. Al día siguiente se presentó en la Oficina de Cobranzas del Juzgado Municipal de Faltas I y solicitó los datos de la cuenta bancaria oficial para realizar el pago mediante transferencia.

Depositó un peso y habría falsificado el comprobante

Según la investigación, el acusado realizó una transferencia de apenas $1 desde su propia cuenta. El objetivo habría sido obtener un comprobante real de la operación para utilizarlo como modelo.

Posteriormente, habría adulterado digitalmente el documento para que aparentara que había transferido los $2,3 millones correspondientes a la multa.

Con el comprobante impreso, regresó al Juzgado Municipal de Faltas el 18 de junio y presentó la documentación para acreditar el supuesto pago. De esta manera, logró retirar la camioneta.

El engaño quedó al descubierto días después, cuando el municipio realizó la conciliación de sus cuentas y detectó que en la cuenta oficial solamente había ingresado $1, en lugar de los $2,3 millones que figuraban en el comprobante presentado.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I de Tucumán. El Ministerio Público Fiscal imputó al hombre como presunto autor de los delitos de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y uso de documento adulterado.

La Justicia dispuso que el acusado permanezca sometido al proceso durante un plazo de seis meses, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.