San Juan: una nena de 13 años fue obligada a casarse con su primo y la justicia condenó a los padres por trata de personas

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas a diez años de prisión dictadas contra tres integrantes de una familia acusados de sometimiento, explotación y trata de personas en perjuicio de una adolescente que tenía 13 años al momento de los hechos. La causa, judicializada en la provincia de San Juan, reveló una trama donde la víctima fue entregada a cambio de una suma de dinero bajo el ropaje de un "matrimonio infantil y forzoso".

Las penas confirmadas recayeron sobre Isabel Cristo, Alberto Cristo y el hijo de ambos, Franco Cristo, señalados como responsables directos de la captación, el traslado y las posteriores situaciones de violencia doméstica, laboral y sexual que padeció la menor.

Asimismo, la Justicia dejó firme la obligación de abonar una reparación económica de $75 millones a favor de la víctima.

La entrega por una "dote" y los años de explotación

Según se estableció a lo largo del expediente judicial, el caso comenzó entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando los padres de la niña acordaron su entrega a la familia Cristo a cambio de un pago de aproximadamente $825.000 como supuesta "dote" para concertar la unión con su primo Franco Cristo, quien entonces tenía 20 años. Tras concretar la operación, la menor fue trasladada a Santa Fe, donde se dio inicio al período de sometimiento.

Durante su permanencia con la familia, la adolescente era obligada a realizar tareas domésticas pesadas y a concretar ventas ambulantes en la vía pública. Las pruebas incorporadas a la causa demostraron que no disponía de las ganancias obtenidas, trabajaba sin importar sus condiciones de salud ni el clima y sufría constantes agresiones físicas y psicológicas. Durante ese período atravesó dos embarazos: el primero finalizó en un aborto espontáneo y del segundo nació su hijo.

La llamada al 911 y el rescate de la víctima en Caucete

El calvario de la joven comenzó a salir a la luz tras un intento de la familia por trasladarla nuevamente de jurisdicción. La situación fue advertida por un testigo en una estación de servicio ubicada en la localidad de Caucete, provincia de San Juan, quien al presenciar los malos tratos y advertir la gravedad de la escena se comunicó de inmediato con la línea de emergencias 911.

Gracias al aviso del transeúnte y al seguimiento de las cámaras del sistema de monitoreo provincial, personal policial logró interceptar el vehículo en el que la transportaban y concretó el rescate. A partir de la intervención de los organismos estatales y las pericias realizadas en Cámara Gesell, la Justicia Federal reunió los elementos necesarios para encuadrar las maniobras bajo la figura de trata de personas.

El fallo de la Justicia sobre las costumbres y los derechos humanos

En la fundamentación de la resolución dictada por la sala de Casación, las autoridades judiciales desestimaron los argumentos de la defensa que intentaban respaldar lo sucedido en costumbres o tradiciones de la comunidad a la que pertenecen los acusados. El tribunal concluyó en forma categórica que ninguna práctica o costumbre puede invocarse como justificación penal ante la vulneración de derechos fundamentales.

El caso sienta un precedente contundente en el fuero federal respecto al abordaje de las uniones forzadas que involucran a niños y adolescentes. Los jueces encuadraron el escenario como un "matrimonio infantil y forzoso" signado por la extrema vulnerabilidad de la víctima y ratificaron que este tipo de delitos deben ser perseguidos y castigados bajo la legislación vigente contra la trata de personas.