Giro en la causa de los despidos en Garbarino: extenderían la quiebra a sus exdueños y a una sociedad

La quiebra de Garbarino S.A. podría tener un nuevo capítulo judicial que cambiaría la situación de los empleados que fueron echados. La sindicatura general de la empresa presentó una demanda para solicitar que los efectos del proceso falencial alcancen también a los exaccionistas Daniel Carlos Garbarino y Omar Carlos Garbarino, además de la sociedad Linnip Eg S.A.

La presentación fue realizada por Susana Edith Paz, integrante de la sindicatura, dentro del expediente “Garbarino S.A. s/ Quiebra”, Expte. N.º 19121/2021.

El escrito tiene más de 80 páginas y plantea ante la Justicia una cuestión que podría tener consecuencias patrimoniales relevantes para el proceso: determinar si existen fundamentos para extender la quiebra de Garbarino S.A. a otras personas y a una sociedad vinculada.

Quiénes quedaron alcanzados por el pedido de la sindicatura

La presentación solicita que sean analizados dentro del pedido de extensión de quiebra:

• Daniel Carlos Garbarino.
• Omar Carlos Garbarino.
• Linnip Eg S.A.

Sin embargo, existe una diferencia clave: ninguno de ellos fue declarado en quiebra por esta presentación.

Lo que hizo la sindicatura fue promover una demanda para que el juez determine si corresponde extender los efectos de la quiebra de Garbarino S.A. conforme a las causales previstas por la Ley de Concursos y Quiebras.

Dos sociedades, dos destinos

Según reconstruye la demanda, Daniel y Omar Garbarino controlaron durante décadas tanto la cadena de electrodomésticos como LINNIPEG S.A., una sociedad con sede en Martínez que sería titular de dos inmuebles centrales para la operación de la cadena: el local de Avenida Cabildo 2027, en la Ciudad de Buenos Aires, y el predio de La Tablada donde se construyó el centro logístico conocido como "Depósito Inteligente".

La presentación no cuestiona que ambas empresas hayan pertenecido a un mismo grupo económico -algo que la síndica aclara expresamente que no es, por sí solo, irregular- sino el modo en que se habrían distribuido los riesgos y los activos entre ellas: Garbarino habría concentrado el endeudamiento, el personal y los proveedores, mientras los inmuebles de mayor valor quedaban resguardados en LINNIPEG.

La ampliación de La Tablada, financiada por Garbarino

Uno de los ejes centrales de la demanda es la ampliación del centro logístico de La Tablada, que sumó unos 20.000 metros cuadrados de superficie. Según las propias memorias de Garbarino, el proyecto se anunció en 2015, las obras comenzaron materialmente en 2016 y se dieron por finalizadas en 2017.

La síndica cruzó esa información con los balances contables: la cuenta "Obras en curso" no registraba saldo antes de 2016 y saltó a $78.722.000 ese año, para acumular $282.503.000 hacia 2017. En 2018 ese monto fue transferido íntegramente a los rubros "Instalaciones" e "Inmuebles" del balance -pero no al de Garbarino, sino al de LINNIPEG, según sostiene la demanda, ya que el predio pertenecía a esta última.

Es decir: la inversión se habría pagado con recursos generados por la actividad de Garbarino, pero el activo resultante habría quedado registrado en el patrimonio de una sociedad de sus propios controlantes.

Una deuda que crecía del lado de Garbarino

Mientras se ejecutaba esa obra, la deuda financiera de Garbarino escaló de manera sostenida, de acuerdo con los datos citados en la demanda:

• 2015: aproximadamente $619 millones (34% del patrimonio neto).
• 2016: aproximadamente $846 millones (56% del patrimonio neto).
• 2017: aproximadamente $2.409 millones (148% del patrimonio neto, ya superior a éste).

• 2018: aproximadamente $2.800 millones (1,6 veces el patrimonio neto).
• Octubre de 2019: aproximadamente $4.660 millones de deuda financiera, patrimonio neto negativo de $6.364 millones y una pérdida neta de $8.666 millones en ese ejercicio.

En el mismo período, según los estados contables citados en el expediente, LINNIPEG mostraba una realidad opuesta: en 2018 declaró ingresos por $120.455.994 y una utilidad neta de $110.160.272. Recién en 2021 y 2022 -coincidiendo con el concurso de Garbarino- sus ingresos cayeron a cero.

El aval bancario que dependía del inmueble ajeno

La demanda destaca un dato que, a su criterio, ilustra la dependencia de Garbarino respecto del inmueble de LINNIPEG: en el "Acuerdo de Espera" firmado el 2 de agosto de 2019 con sus principales bancos acreedores, una de las condiciones para reestructurar la deuda fue que Garbarino garantizara contractualmente el uso del predio de La Tablada por un plazo no menor a diez años.

Para la síndica, esa exigencia bancaria confirma que el inmueble -de titularidad ajena a la fallida- era "indispensable" para la continuidad de la operación, pese a no formar parte de su patrimonio.

Dividendos para los hermanos mientras la cadena se endeudaba

Según la pericia contable citada en la demanda, LINNIPEG distribuyó dividendos entre Daniel y Omar Garbarino, en partes iguales, en varios ejercicios: entre otros, $19.686.509 a cada uno en 2018 y $24.559.965 en 2019. Entre 2015 y 2020, además, LINNIPEG habría registrado operaciones con Garbarino y Compumundo por más de $432 millones, de los cuales unos $419,5 millones corresponderían a Garbarino.

La venta de 2020: la cadena cambió de manos, el inmueble no

Un capítulo especial de la demanda apunta a la venta de la compañía. En mayo de 2020, Daniel y Omar Garbarino transfirieron su participación accionaria en el grupo operativo a Carlos Maximiliano Rosales. LINNIPEG, sin embargo, no formó parte de esa operación y quedó en manos de los hermanos Garbarino.

Meses después, en agosto de 2020 -ya con la compañía en cesación de pagos, según señala la demanda- Garbarino reconoció formalmente una deuda con LINNIPEG por $36.304.690,88.

Qué pide la síndica

El petitorio de la demanda es concreto: que la Justicia tenga por promovida la acción de extensión de quiebra contra Daniel Carlos Garbarino, Omar Carlos Garbarino y LINNIPEG S.A., y por ofrecida la prueba documental y pericial acompañada. La síndica aclara que no busca anular las operaciones inmobiliarias por sí mismas -algunas de ellas, como la compra del local de Cabildo en 1987, datan de hace más de tres décadas-, sino que las presenta como evidencia de un patrón sostenido en el tiempo por quienes controlaban ambas sociedades.

El escrito lleva la firma digital de Susana Edith Paz, con fecha del 31 de agosto de 2026, y patrocinio del abogado Javier Alvarez. La causa continúa su trámite ante el juzgado comercial interviniente.