Sueños Compartidos: absolvieron a Julio De Vido y condenaron a José López, Abel Fatala y los Schoklender
El exministro de Planificación kirchnerista fue absuelto en esta causa.
El Tribunal Oral Federal Nº 5 resolvió este lunes la situación de los acusados en la causa Sueños Compartidos, vinculada con el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, mientras que José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender recibieron penas de prisión en suspenso.
El tribunal, integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, estableció una pena de 2 años y 9 meses para López y Fatala. Sergio Schoklender fue condenado a 2 años y 8 meses, mientras que Pablo Schoklender recibió una pena de 2 años y 4 meses.
Las condenas son de ejecución condicional, por lo que ninguno de los cuatro condenados quedó detenido tras la lectura del veredicto. Los fundamentos de la resolución serán difundidos el próximo 13 de noviembre.
Quiénes fueron condenados y quiénes resultaron absueltos
Además de De Vido, el tribunal absolvió a Carlos Castellano, Daniel Freidin, Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif. De esta manera, el fallo estableció distintas responsabilidades entre los acusados que llegaron a juicio oral.
La audiencia se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y comenzó con las últimas palabras de los imputados, antes de que los jueces dieran a conocer la decisión.
Daniel Alfredo Nasif afirmó ante el tribunal que durante el proceso permaneció a disposición de la Justicia y negó haber participado de hechos delictivos o haber tenido intención de perjudicar al Estado. Silvia Karina Nasif también rechazó las acusaciones y sostuvo que actuó de buena fe.
Claudio Freidin optó por no realizar una exposición y agradeció a sus abogados, mientras que Carlos Castellano tampoco hizo uso de la palabra.
Qué se investigó en la causa Sueños Compartidos
El expediente judicial se originó a partir de las irregularidades denunciadas en torno al programa de construcción de viviendas sociales impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La investigación se concentró en el destino de fondos públicos que habían sido asignados para financiar diferentes obras habitacionales.
Según la acusación, el monto presuntamente desviado alcanzó los $206.438.454,05. La Fiscalía planteó durante el juicio que existió una maniobra en la que habrían intervenido funcionarios y responsables de la administración del programa.
La investigación también puso el foco en contrataciones realizadas de manera directa y en el destino de los recursos entregados para ejecutar los proyectos. Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que tenían responsabilidades dentro de la Fundación, estuvieron entre los principales acusados.
Las obras comprendidas en el programa se desarrollaron en diferentes puntos del país. Santiago del Estero, la Ciudad de Buenos Aires y Rosario estuvieron entre los lugares alcanzados por los proyectos investigados. En el expediente también aparecieron cuestionamientos relacionados con obras que no llegaron a completarse y con trabajadores que habrían tenido inconvenientes para cobrar sus salarios o recibir los aportes correspondientes.
El tribunal rechazó los planteos de prescripción
Uno de los puntos que atravesó la etapa final del proceso fue la discusión sobre la prescripción de la acción penal. Las defensas plantearon que el plazo debía computarse a partir de la citación a juicio realizada el 8 de julio de 2020.
Con ese criterio, los abogados sostenían que la causa había superado el período establecido para continuar con la persecución penal. La Fiscalía sostuvo una interpretación diferente y tomó como referencia una actuación posterior, fechada el 15 de septiembre de 2020.
Según la postura del Ministerio Público Fiscal, esa fecha llevaba el eventual vencimiento del plazo hasta el 15 de septiembre de 2026. El Tribunal Oral Federal N.º 5 finalmente rechazó los planteos de las defensas y continuó con el juicio hasta llegar al veredicto conocido este lunes.
Las penas que había pedido la Fiscalía
Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado condenas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados y había reclamado además el decomiso de aproximadamente $206 millones.
Las defensas, en cambio, habían pedido la absolución de sus representados y cuestionaron las acusaciones formuladas durante el proceso.
El fallo conocido este lunes no es definitivo. Las condenas pueden ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que todavía resta atravesar las instancias de revisión antes de que la sentencia pueda quedar firme.
Los fundamentos completos del veredicto serán conocidos el 13 de noviembre y permitirán conocer los argumentos utilizados por los jueces para absolver a algunos de los acusados y condenar a otros en la causa Sueños Compartidos.
