La Justicia Federal de Río Grande ordenó la suspensión del proyecto Sea Lion
La resolución de la magistrada Mariel Borruto exige frenar las operaciones a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y las intima a presentar una exhaustiva declaración jurada.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó la suspensión inmediata de todas las obras y preparativos vinculados al proyecto de exploración y explotación petrolera Sea Lion, en la cuenca de las Islas Malvinas.
La medida cautelar alcanza a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, disponiendo el freno de las perforaciones, la colocación de instalaciones submarinas y cualquier acto financiero destinado a viabilizar el inicio de la producción de hidrocarburos en el archipiélago.
Freno cautelar y bloqueo de fondos
La magistrada aclaró de forma explícita en su resolución que la medida posee carácter cautelar, por lo que no constituye un dictamen definitivo sobre el fondo del litigio ni sobre la responsabilidad legal de las corporaciones involucradas, cuestiones que continúan bajo trámite judicial.
No obstante, el dictamen impone estrictas restricciones económicas y operativas solicitadas por la parte querellante. En principio un bloqueo financiero que prohíbe a las empresas demandadas suscribir nuevos contratos de financiamiento, percibir desembolsos, realizar aportes de capital, constituir garantías o efectuar transferencias internacionales dirigidas a sostener la infraestructura del yacimiento.
La resolución exige comunicar la existencia de este proceso judicial a los organismos regulatorios y mercados de valores correspondientes.
Plazo de 10 días para reconstruir el mapa del proyecto
La resolución judicial intimó a las compañías a remitir, en un plazo no mayor a diez días desde su notificación, una declaración jurada respaldada con documentación técnica para reconstruir el estado operativo de Sea Lion. Entre la información requerida figuran el detalle de construcción, ubicación exacta y estado de los pozos, unidades flotantes y equipos de perforación.
También exige identificar una red de contratistas y estructura societaria que especifique los principales contratistas, subcontratistas, aseguradoras y reaseguradoras vinculadas.
Además, solicita desembolsos ejecutados, fondos comprometidos y esquema de financiamiento recibido. También estudios de impacto ambiental, modelizaciones de derrames, planes de contingencia e instalaciones terrestres proyectadas.
Requerimientos al Gobierno argentino
De forma paralela, la jueza Borruto cursó oficios a organismos del Estado nacional, como la Cancillería Argentina y la Subsecretaría de Ambiente. La primera de ellas deberá informar en un lapso de 10 días si Rockhopper o Navitas cuentan o contaron formalmente con permisos, habilitaciones o consentimientos otorgados por la República Argentina para operar en la Plataforma Continental.
Por su parte la Subsecretaría, a través de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, deberá certificar si existen procedimientos de evaluación o certificados de aptitud ambiental iniciados o aprobados con relación al yacimiento Sea Lion.
