Viales contra Milei: denuncian un “ruticidio” por el avance para privatizar rutas
Desde el Sindicato Trabajadores Viales y Afines aseguran que más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial "permanecen fuera del asfalto".
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se manifestó en alerta ante la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas.
Desde el gremio calificaron el proceso como un "ruticidio" y acusaron al Poder Ejecutivo de ejecutar un "vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional".
Según documentación oficial reconstruida por el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial. De ese total, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras.
Así, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón de pesos permanecían inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos. Posteriormente, el propio Ejecutivo admitió que parte de esos recursos eran administrados por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
Desfinanciamiento
En ese sentido, la titular del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó: "¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?".
Por otro lado, el comunicado de STVyARA expone la paradoja del nuevo modelo de concesiones impulsado, que mientras se le asigna a Vialidad Nacional la responsabilidad legal de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, simultáneamente se aprueba un segundo programa de Retiro Voluntario para achicar su dotación.
"No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas", advirtió Aleñá.
De esta manera, el STVyARA rechazó de forma categórica que la infraestructura vial sea evaluada bajo criterios de rentabilidad económica privada.
En ese sentido, Aleñá manifestó: "No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”.
