El Gobierno quiere inhabilitar de por vida a la científica que detectó glifosato en el 86% de los argentinos
Una fuerte controversia sacude al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tras la decisión de su Consejo Directivo de avanzar en la exoneración de Virginia Aparicio, la principal investigadora de agrotóxicos del organismo. La medida, que implica el despido y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, se produce luego de que la especialista liderara un informe que expuso alarmantes niveles de plaguicidas en la población y en el medio ambiente.
Aparicio, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la entidad, encabezó la participación argentina en el proyecto internacional Sprint, una iniciativa financiada por la Unión Europea para analizar la presencia de químicos en la salud humana y el entorno. Según los resultados del estudio —presentados el año pasado en Bélgica—, el 86,1% de los voluntarios argentinos examinados presentó glifosato en el cuerpo, mientras que el herbicida fue detectado en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas en la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la investigación halló de 10 a 28 plaguicidas en aguas de superficie, de 6 a 22 en alimentos y entre 43 y 86 en el polvo del hogar, posicionando a la Argentina como el país con mayor presencia de estos compuestos entre los participantes del proyecto.
La difusión de estos datos generó tensiones internas desde mediados de 2023, cuando las autoridades del INTA suspendieron la comunicación del informe y retiraron al país de la iniciativa internacional. Fuentes del organismo señalan que el freno respondió al lobby de corporaciones del sector agroindustrial y a presiones de entidades del campo.
En 2025, el Gobierno nacional impulsó el proceso sumarial contra la investigadora. Entre los cargos imputados figura un presunto "perjuicio a la administración nacional" —argumento cuestionado al tratarse de un proyecto financiado externamente— y la negativa de la científica a entregar los datos personales de los voluntarios, información que Aparicio resguardó amparándose en un acuerdo de confidencialidad firmado con los participantes.
La sanción ha provocado el rechazo categórico de gremios y funcionarios provinciales. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, instó a dar marcha atrás con la medida y acusó a las autoridades del INTA de "perseguir la ciencia". Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y representantes sindicales del sector advirtieron que la desproporción del castigo busca imponer un mecanismo de censura y amedrentamiento sobre la investigación científica pública en el país.
