El Estado sale al territorio: el convenio con Trabajadores Sociales que busca anticiparse a las inundaciones

Cuando se habla de prevención frente a una inundación, muchas veces la primera imagen es la de una obra, una máquina o un operativo de emergencia. Pero antes de que el agua llegue, hay algo que también resulta fundamental: saber qué pasa en cada territorio, quiénes viven allí, cuáles son sus dificultades y con qué recursos cuenta la comunidad para responder.

Con esa mirada, el Gobierno de Santiago del Estero y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social avanzan en un convenio que pone al territorio en el centro de la planificación estatal.

El acuerdo contempla la realización de un Diagnóstico Participativo del Riesgo Hídrico en ocho comunidades rurales de los departamentos Salavina, Avellaneda, Atamisqui, Alberdi y Copo, con el objetivo de anticiparse a posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027.

La iniciativa representa además un paso importante para el Colegio de Trabajo Social, ya que se trata del primer convenio de estas características que firma uno de los colegios profesionales de la provincia con el Estado provincial y que ya se encuentra en ejecución.

Del escritorio al territorio: escuchar antes de decidir

En diálogo exclusivo con Info del Estero, integrantes del Colegio explicaron que el trabajo no se limitó a conversar con autoridades locales. Los equipos recorrieron las ocho comunidades y tomaron contacto con vecinos, docentes, instituciones y distintos actores sociales para conocer cómo se vive el riesgo hídrico desde adentro.

Y allí aparece uno de los puntos centrales de la propuesta: la comunidad también tiene información que el Estado necesita para planificar.

“Es distinto cuando llegamos a la realidad”, explicaron desde el Colegio, al remarcar que muchas veces las soluciones imaginadas desde un escritorio cambian cuando se conoce directamente el territorio.

Los equipos pudieron recuperar experiencias de personas que ya atravesaron inundaciones, conocer cuáles son los accesos que suelen quedar comprometidos, identificar poblaciones vulnerables y reconocer los recursos con los que cuenta cada comunidad.

En varias localidades, además, las escuelas cumplen un papel central. Los profesionales dialogaron con docentes y personal que conocen de primera mano las dificultades que aparecen cuando las lluvias complican los caminos, aíslan a pobladores o generan la necesidad de evacuaciones.

El diagnóstico incluye a La Paliza, El Calendario, Chicla Juliana y Sabagasta, en Salavina; Punta Pozo, en Avellaneda; Juanillo, en Atamisqui; Santo Lugares, en Alberdi; y Villa Matoque, en Copo.

Son comunidades que ya conocen el impacto de las inundaciones y que, en algunos casos, han sufrido evacuaciones y graves dificultades durante episodios anteriores.

Por eso, el trabajo busca recuperar también esos saberes: quienes viven en el territorio saben dónde se acumula el agua, qué caminos se vuelven intransitables, qué familias necesitan mayor asistencia y qué instituciones pueden convertirse en puntos de apoyo ante una emergencia.

Trabajadores sociales: el puente entre el Estado y la comunidad

El convenio también pone sobre la mesa un aspecto que desde el Colegio consideran fundamental: visibilizar el rol de los trabajadores sociales dentro de las políticas públicas.

La profesión no se limita a una determinada problemática ni a un único ámbito de intervención. Los trabajadores sociales desarrollan tareas vinculadas con educación, salud, justicia, desarrollo comunitario y distintos programas y políticas públicas.

En este caso, su función aparece especialmente vinculada con la articulación.

La propuesta contempla que puedan colaborar en la construcción de dispositivos como mesas de gestión participativa, donde estén representados distintos sectores de cada comunidad: autoridades locales, escuelas, centros de salud, organizaciones comunitarias, instituciones religiosas, clubes y otros actores.

La idea es que el Estado tenga un espacio concreto para escuchar y coordinar con quienes conocen cotidianamente la realidad de la localidad.

“Podemos cumplir nuestro rol de intermediar, de poder estar ahí con el Estado y con la sociedad”, explicaron desde el Colegio.

Y esa articulación puede ser determinante cuando se trata de prevenir una emergencia. No se trata solamente de reaccionar cuando el agua ya ingresó a una vivienda, sino de saber antes qué hacer, con quién hacerlo y con qué recursos.

Un diagnóstico que busca convertirse en acción

El convenio fue suscripto el 26 de agosto por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Ángel Niccolai; el secretario ejecutivo del Consejo Económico Social, Miguel Ángel Mandrille; y la presidenta del Colegio, María Belén Vittar.

La iniciativa se encuentra enmarcada en un convenio de cooperación y fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión pública firmado previamente entre la Provincia y el Colegio.

El trabajo contempla tres etapas: entrada al territorio, diagnóstico participativo y sistematización y devolución de los resultados, con un plazo previsto de 45 días.

Para construir la información se utilizan herramientas como entrevistas, encuestas, recorridas territoriales, cartografía social, líneas de tiempo de inundaciones y árboles de problemas.

El resultado será una radiografía de cada comunidad: mapas de riesgo, identificación de actores e instituciones, recursos disponibles y capacidades existentes para prevenir y responder frente a una emergencia.

Actualmente, según explicaron a Info del Estero, el trabajo de campo ya fue realizado y los equipos se encuentran en la etapa de sistematización de la información para presentar la devolución a las autoridades provinciales.

La coordinación está a cargo del subsecretario de Desarrollo Social, Ramiro Banco, por la Provincia, y de la trabajadora social Verónica Gerez, por el Colegio.

Pero detrás de los mapas y los informes hay una idea más amplia: que las políticas públicas puedan construirse con los pies en el territorio.

Porque una comunidad no es solamente un punto marcado en un mapa. Tiene historias, experiencias, instituciones, problemas y recursos propios. Y conocerlos antes de que llegue una emergencia puede hacer la diferencia entre improvisar una respuesta o tenerla preparada.

Desde el Colegio esperan que esta primera experiencia de articulación con el Estado provincial pueda abrir la puerta a nuevos convenios y proyectos en otras áreas. La apuesta es que el trabajo social tenga cada vez mayor presencia en el diseño y la implementación de políticas públicas.

En definitiva, el convenio no solamente busca saber dónde puede inundarse. Busca conocer quiénes están allí, qué necesitan y cómo puede organizarse el Estado junto a la comunidad para llegar antes.