La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto del Gobierno
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional y de la Universidad de Buenos Aires
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la norma. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de la demanda impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su resolución, dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en marcha la ley.
El decreto que había frenado la aplicación de la ley
El conflicto se originó luego de que el Congreso aprobara la Ley 27.795 en 2025 y que el presidente Javier Milei la vetara. Diputados y el Senado insistieron posteriormente con la norma y alcanzaron los dos tercios de los votos requeridos por la Constitución.
Ante esa situación, el Poder Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, pero incorporó una condición vinculada con el artículo 5° de la Ley 24.629. Esa referencia establecía, en los hechos, que la ejecución quedaba condicionada a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
Para Cormick, esa decisión terminó funcionando como una forma indirecta de volver a frenar una ley que ya había sido ratificada por el Congreso. El juez sostuvo que, después de la insistencia parlamentaria con las mayorías previstas por la Constitución, el Poder Ejecutivo debía promulgar la norma sin restricciones.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 contempla mecanismos de actualización para los salarios de docentes y no docentes, además de medidas vinculadas con las becas estudiantiles y el financiamiento de las universidades públicas.
También establece pautas para actualizar los gastos de funcionamiento, contempla recursos para hospitales universitarios y prevé mecanismos para atender las necesidades presupuestarias de las instituciones de educación superior.
En su análisis, el juez consideró que la propia ley contiene previsiones vinculadas con su financiamiento y que el Ejecutivo cuenta con herramientas para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
Un nuevo capítulo en la disputa por las universidades
El fallo se suma a una disputa que ya había tenido intervenciones judiciales previas. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar relacionada con la aplicación de determinados artículos de la ley, decisión que luego fue confirmada por la Cámara y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
Ahora, con la sentencia sobre el fondo de la cuestión, el magistrado declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 y ordenó avanzar con la aplicación integral de la norma.
El Gobierno nacional todavía puede apelar la decisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo que el conflicto judicial podría continuar en una nueva instancia.
