La denuncia por la fuga de Flávio Bolsonaro fue archivada en Iguazú, pero no en Comodoro Py
El fiscal Aníbal Martínez determinó que el paso del senador brasileño por la frontera fue regular y contó con la documentación en regla.
La Justicia Federal de Puerto Iguazú desestimó la denuncia por el presunto ingreso e itinerario irregular de Flávio Bolsonaro en territorio nacional y archivó el legajo por inexistencia de delito. Pese a esto, el expediente se mantiene firme en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga la posible cobertura estatal y las condiciones en las que se organizó su salida del país.
La resolución, firmada por el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez, se basó en los reportes oficiales provistos por la Dirección Nacional de Migraciones y la oficina internacional de Interpol. Según dichos informes, el hijo del expresidente brasileño ingresó desde Brasil el pasado 27 de octubre a las 22:37 por el paso internacional Tancredo Neves y registró su salida esa misma noche, a las 23:52, en un vuelo privado con destino a Ecuador desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.
Asimismo, Interpol ratificó que al momento del control fronterizo no pesaban sobre el legislador alertas rojas, requerimientos judiciales ni órdenes de captura internacionales vigentes, por lo que el fiscal concluyó que los organismos de control locales actuaron conforme a derecho.
Investigan la logística y a funcionarios
Pese al archivo dispuesto en Misiones sobre los trámites migratorios, el dictamen judicial delimitó claramente las competencias territoriales y remitió copia de las actuaciones a la Fiscalía Federal N.º 10, en el marco de la causa CFP 5270/2026 que tramita ante el Juzgado Federal N.º 5, conducido por la magistrada María Eugenia Capuchetti.
En la Ciudad de Buenos Aires se concentran las presentaciones formuladas por los legisladores Gabriel Solano y Esteban Paulón, quienes solicitaron determinar si existió una maniobra de facilitación o utilización de recursos públicos para concretar el traslado. Las denuncias salpican al presidente Javier Milei, al asesor Santiago Caputo, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Dado que la aeronave contratada partió inicialmente desde el Aeroparque Jorge Newbery, la fiscalía porteña impulsada por la Dra. Paloma Ochoa mantiene vigentes diversas medidas de prueba, entre ellas la reserva de los registros de cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú, el libro de pista y requerimientos informativos clave a la Cancillería argentina.
