Causa Adorni: Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito pero pidió investigar una evasión
El fiscal remitió el expediente a la Justicia Penal Económico y ahora el juez Ariel Lijo deberá resolver si acepta la declinatoria de competencia.

El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no existen elementos suficientes para sostener que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni se haya enriquecido ilícitamente durante su gestión. Según el dictamen al que accedió Infobae, difundido este viernes 6 de noviembre, el fiscal solicitó que la causa pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
La resolución llega tres meses después de que el propio Pollicita exigiera a Adorni, en agosto de 2026, que justificara su patrimonio mediante un requerimiento de 207 fojas con veinte puntos de inconsistencias.
Ahora será el juez Ariel Lijo quien resuelva si acepta la declinatoria de competencia solicitada por la fiscalía.

El dictamen sostiene que "no pudo descartarse que el capital cuestionado hubiera sido obtenido antes de la llegada del funcionario al Poder Ejecutivo". Esa conclusión impide tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, que exige que el incremento patrimonial sea posterior a la asunción del cargo.
El expediente se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y abarcó el patrimonio de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
La decisión no implica un sobreseimiento. Para el fiscal, persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían quedado afuera de las declaraciones fiscales durante años.

La investigación había detectado erogaciones por 402.578,12 dólares, de las cuales 374.081,66 dólares se pagaron en efectivo, además de una diferencia de 43.068.549 pesos entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos del período analizado.
La versión de Adorni sobre el Bitcoin
Entre los gastos bajo la lupa figuran un lote en el country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares.
Adorni justificó buena parte de ese crecimiento patrimonial con una inversión en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018, a través de ocho direcciones de autocustodia. Según su versión, compró por unos 200.000 dólares y luego liquidó 591.544,61 dólares.
Una pericia de la Policía Federal Argentina confirmó que las claves privadas de esas billeteras estaban en poder de la defensa de Adorni al momento de la diligencia, aunque advirtió que la cadena de bloques no permite determinar quién controlaba una billetera en un momento dado.
El dictamen también repasó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Según registros de ANSES y ARCA, esos ingresos sumaron unos 335.000 dólares hasta 2014 y unos 493.000 dólares hasta 2018, a lo que se suma la venta de un inmueble heredado en La Plata por 50.000 dólares.
Lo que investigará el fuero penal económico
Pollicita marcó posibles irregularidades tributarias: la omisión de declarar bienes durante años, pagos mayormente en efectivo y mutuos cuya entrega de fondos no estaría acreditada. El fiscal pidió determinar si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, y buscar "un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función".
El dictamen pidió además indagar a los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y al contratista Matías Tabar, y que se evalúe la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko ante el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Las propiedades bajo análisis son una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti por 120.000 dólares, y un departamento con cochera en la calle Miró al 500, en Caballito.
El crédito para la vivienda de Indio Cuá fue otorgado por dos mujeres policías, Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, por 85.000 y 15.000 dólares respectivamente, con una tasa anual del 11%.
Ahora será el juez Ariel Lijo quien defina los próximos pasos de la causa.




