La Confederación General del Trabajo (CGT) ya puso en marcha su maquinaria legal para impugnar la reforma laboral del Gobierno, advirtiendo que, de no haber cambios en el Congreso, el proyecto terminará nuevamente frenado en la Justicia.
“Se van a chocar contra otra pared”, sentenció Jorge Sola (Secretario de Prensa de la CGT), tras calificar la iniciativa como una violación directa a conceptos constitucionales.
Los puntos críticos de la batalla legal
El equipo jurídico de la central obrera —el mismo que logró invalidar el capítulo laboral del DNU 70— ha identificado los artículos que consideran “innegociables”: Restricción del derecho de huelga (Art. 88): Es el eje central del conflicto. El proyecto busca declarar “servicios esenciales” a sectores como educación, transporte y hasta la recolección de residuos, exigiendo guardias mínimas de hasta el 75%. La CGT denuncia que esto excede los límites fijados por la OIT. Ultraactividad y convenios: Se cuestiona la modificación de la vigencia de los convenios colectivos y la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los nacionales, lo que afectaría a más de 1.700 convenios vigentes.
Un reclamo que suma voces inesperadas
La preocupación por la “judicialización” de la reforma no es exclusiva del sindicalismo. Incluso Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Cambiemos, advirtió que la redacción actual es “difusa” y podría generar mayor incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores. El mensaje de la central es claro: si el Gobierno no equilibra la balanza en la mesa legislativa, la reforma laboral quedará empantanada en los tribunales, repitiendo el fracaso del decreto anterior.
