Una de las modificaciones centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada. El texto también actualiza las multas, amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.
A su vez, crea un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.
