Por medio de la Ley de Inocencia Fiscal aprobada ayer por el Senado, con el efusivo impulso del Gobierno nacional, procura incentivar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal de la economía.
Para ello, implementará cambios en el Régimen Penal Tributario, en la Ley de Procedimientos Fiscales y en el Código Civil y Comercial, a los fines de redefinir los criterios de control y sanción. En paralelo, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada orientado a facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa para los contribuyentes.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que creará Régimen Simplificado de Ganancias, para que quienes se incorporen al esquema cuenten con un marco de estabilidad. Esto les permitirá operar sin revisiones permanentes sobre su situación patrimonial.
Patrimonios de hasta 10.000 millones
La ley establece un tope de adhesión de hasta 10.000 millones de pesos en patrimonio para los ahorristas. Además, elimina la obligación de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos.
En ese esquema, ARCA liquidará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio, y aplicará las deducciones correspondientes según los gastos informados.
En su artículo 39, la norma el “efecto liberatorio del pago”, por medio del cual, si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y cancela el monto correspondiente en tiempo y forma, quedará liberado de sanciones, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.
Aumentan las sanciones económicas
La iniciativa también eleva de manera significativa las penalidades en caso de ilícitos. Para que una conducta sea considerada evasión simple, el monto mínimo pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos. En el caso de la evasión agravada, el piso se fija en más de 1.000 millones de pesos.
En ese orden, el proyecto reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no impulsará acciones penales si el contribuyente regulariza su situación y cancela la deuda con intereses, un beneficio que podrá utilizarse una sola vez por persona.
Sin embargo, si la denuncia aún no fue presentada, la acción quedará extinguida si el contribuyente regulariza su situación y paga la deuda con un recargo adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.
Aunque la iniciativa propone flexibilizar los controles fiscales, también prevé un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de plazo.
