La empresa “Sucesores de Antonio Lladhón S.R.L.” denunció a un ganadero oriundo de Los Juríes y a su familia por una estafa con cheques sin fondos e insolvencia fraudulenta.
Según precisa el documento presentado por el Dr. Rodolfo F. González -abogado de la firma de agroquímicos- el denunciado, identificado como Hugo Daniel Quiñonez, entregó 13 cheques de pago diferido por un total de $172.570.341, desde su cuenta del Banco de la Nación.
Los papeles vencían entre el 30 de junio y el 31 de agosto de este año, pero al ser presentados para el cobro, “todos fueron rechazados por el banco” por “falta de fondos”. Llegaron los reclamos y Quiñonez tenía 24 horas para concretar los pagos, algo que no ocurrió y que consta en las actas adjuntadas a la demanda civil elevada al Juzgado Civil y Comercial de Añatuya.
Tras esto, la parte demandada no compareció ante la justicia ni impuso defensa y se reveló una maniobra de insolvencia, por medio del “desmembramiento del dominio”. Pues, Quiñonez habría vaciado su patrimonio estratégicamente al transferir “la nuda propiedad de sus campos a sus herederos (o terceros vinculados), reservándose para sí únicamente el derecho de usufructo gratuito y vitalicio”.
El abogado de la empresa, planteó que si bien la transferencia de propiedades pudo ser anterior al vencimiento de los cheques, pero que de igual modo configura el delito de insolvencia fraudulenta por cuatro motivos.
En principio, el denunciado “se coloca en una situación de ‘indigencia registral” que frustra el embargo de los acreedores, pero “sigue gozando de la renta y la explotación de los campos”. En segundo lugar, Quiñonez “contrajo una obligación multimillonaria ($172.570.341) sabiendo de antemano que su patrimonio “registral” era inejecutable, al haber vaciado la nuda propiedad y conservado solo el usufructo, el cual es de muy difícil realización en un remate judicial”.
En tercer lugar se señala un “modus operandi familiar” que salpica a la hija del denunciado: Brianda Quiñonez. Mientras ella vende su parte ideal a los hermanos, el padre desmiembra el dominio de sus propiedades”.
“Ambas conductas convergen en un único fin: perjudicar a Sucesores de Antonio Lladhón S.R.L.”, expresa la demanda. Y, en cuatro lugar, menciona “desproporción Patrimonial”, en tanto “no existen otros bienes a nombre del denunciado que puedan cubrir la suma de 172 millones de pesos”.
De este modo, González entiende que “la conducta del denunciado no responde a una planificación sucesoria legítima, sino a una deliberada estratagema de vaciamiento patrimonial con el fin de tornarse inejecutable ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por un monto superior a los 172 millones de pesos”.
Un “concierto delictivo”
La denuncia alcanza también a otros actores. Pues, el abogado ve que la maniobra de insolvencia fraudulenta “no es un acto unilateral de los deudores (Brianda y Hugo Daniel Quiñonez), sino un concierto delictivo familiar donde los hermanos/hijos —Stefanía, Hugo Hernán y Alexandra Yanet Quiñonez— han prestado un auxilio sin el cual el delito no habría podido consumarse”.
Detalla “una división de tareas dentro del grupo familiar”. “Los titulares de las cuentas bancarias (padre e hija) emiten los cheques sin fondos para obtener mercadería y crédito, mientras que los demás integrantes del clan (los hijos/hermanos) actúan como ‘testaferros’ o receptores de los bienes para ponerlos a resguardo de la justicia”.
Por tanto, solicita que la investigación se extienda “a los nombrados en carácter de partícipes necesarios”.
