A partir del 1 de enero, organizaciones de peso como Médicos Sin Fronteras y Oxfam quedarán inhabilitadas para operar. Tel Aviv argumenta razones de seguridad, mientras que las entidades denuncian medidas arbitrarias que ponen en riesgo servicios vitales.
El escenario humanitario en la Franja de Gaza enfrenta un nuevo y crítico obstáculo. El gobierno de Israel confirmó que, desde el primer día de 2026, suspenderá los permisos de operación de más de dos docenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lo que representa el 15% de la asistencia civil en la región.
El eje del conflicto: datos personales y seguridad
La medida surge tras un cambio drástico en el proceso de registro impuesto por Israel a principios de este año, cuya nueva normativa exige que las organizaciones entreguen listas detalladas de todo su personal, incluyendo específicamente a los trabajadores palestinos que operan dentro de Gaza. Al respecto, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora justifica esta decisión acusando a las ONG de falta de transparencia en su financiamiento y operaciones, señalando puntualmente a Médicos Sin Fronteras por no esclarecer los roles de empleados presuntamente vinculados con Hamás. Por el contrario, la respuesta de las organizaciones humanitarias ha sido de rechazo, negándose a entregar dichos datos por el temor fundamentado de que su personal se convierta en un blanco militar y para cumplir con las estrictas leyes de protección de datos vigentes en Europa. En este sentido, Shaina Low, asesora del Consejo Noruego para Refugiados, advirtió sobre el peligro de estas exigencias al recordar que ya se ha visto a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados en la zona de conflicto.
Organizaciones afectadas y servicios en riesgo
La lista de entidades que deberán abandonar sus sedes antes del próximo 1 de marzo incluye a los referentes más importantes de la ayuda global, afectando áreas críticas para la supervivencia en el enclave. En el ámbito de la atención médica y salud mental, se destacan Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de Rescate, mientras que en los sectores de alimentación y educación la medida alcanza a organizaciones de la talla de CARE International, Oxfam y Caritas. Asimismo, la asistencia social sufrirá un duro golpe con la salida del Consejo Noruego para Refugiados, dejando un vacío en la prestación de servicios esenciales que estas entidades garantizan a la población civil de Gaza.
El impacto en la UNRWA y el rol de COGAT
La situación se agrava con la reciente reforma del Parlamento israelí que despoja de inmunidad a la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos), permitiendo el embargo de sus bienes y el corte de servicios básicos como telecomunicaciones y suministros financieros.
Por su parte, el organismo israelí Cogat intentó minimizar el impacto de la medida asegurando que las ONG expulsadas aportan “menos del 1% del total de la ayuda” y que el flujo continuará a través de otras 20 organizaciones que sí aceptaron las nuevas normas. Sin embargo, las agencias internacionales tildan estas cifras de cuestionables y califican las restricciones como “ilegales e impactantes”.
Un futuro incierto
Mientras Israel sostiene que estas medidas refuerzan el control sobre el enclave bajo los términos del alto el fuego del 10 de octubre, la comunidad internacional observa con preocupación un vacío de asistencia que podría dejar a miles de civiles sin acceso a derechos básicos en medio de un territorio devastado.
