El presidente Javier Milei firmó a fines de diciembre un decreto que modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), reorganiza la estructura del Sistema de Inteligencia y concentra mayores poderes en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Entre las novedades más controvertidas, el texto habilita al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en situaciones de flagrancia o con orden judicial, algo que hasta ahora no estaba expresamente previsto en la normativa vigente.
La reforma, que incluye además la creación de nuevas agencias especializadas y la declaración de todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”, busca, según fuentes oficiales, modernizar el sistema y adaptarlo a las amenazas contemporáneas, permitiendo recabar información más rápidamente y responder ante riesgos estratégicos para el Estado. El DNU será publicado en el Boletín Oficial y luego deberá ser revisado por el Congreso Nacional, donde la Comisión Permanente de Trámite Legislativo tiene un plazo para tratarlo.
Milei reformuló la estructura de la SIDE por decreto.
🎙 Política con @MiBeldyk en #HabráConsecuencias.
🗣 “Hay una parte de la inteligencia que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete: la división de ciberespacio. Tiene que ver con inspeccionar o supervisar lo que… pic.twitter.com/uCjTDXNc3s
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) January 2, 2026
La medida generó críticas de sectores de la oposición, que advierten sobre el uso de un decreto para introducir cambios profundos en un área sensible y alertan que otorgar facultades de detención sin una ley aprobada por el Parlamento podría implicar riesgos para las garantías civiles y los controles institucionales. Para sus impulsores, en tanto, el enfoque permitirá un esquema de inteligencia más eficaz y coordinado entre distintos organismos del Estado.
